El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha atribuido a discrepancias «jurídicas» que no «políticas» el retraso en la regeneración de la ría de O Burgo, pero ha manifestado que esta será la legislatura en la que se va a poner «en perfectas condiciones medioambientales».

Tras una videconferencia con alcaldes de los municipios próximos a la ría –A Coruña, Cambre, Oleiros y Culleredo–, Losada ha insistido, en declaraciones a los medios, que el Gobierno «sí o sí quiere hacer la regeneración de la ría». «Tiene el dinero comprometido, tiene el proyecto aprobado y la licitación preparada desde marzo», ha recalcado.

Sin embargo, ha admitido que hay discrepancias «jurídicas», en relación al planteamiento de la Abogacía del Estado «que establece que la Xunta «tiene que certificar que esta libre de cargas, que no hay ninguna concesión vigente, para poder licitar la obra».

Por ello, ha dicho que se trasladó desde el Gobierno a la Xunta la necesidad de que aborden esta cuestión las asesorías jurídicas de ambas administracones. «Espero que de forma inmediata el presidente de la Xunta le indique a la asesoria jurídica que se ponga en contacto con la Abogacía del Estado», ha recalcado.

POSTURA DE LA XUNTA

Por su parte, a través de un comunicado, la Xunta ha reiterado ante el Gobierno central su «disposición e interés» en mantener «de forma inmediata» una reunión jurídica sobre el dragado de la ría de O Burgo «con el fin de que se liciten las obras cuanto antes».

Al respecto, afirma que la asesoría jurídica de la Xunta «ya está en contacto con la Abogacía del Estado para encontrar una solución jurídica que no implique parar indebidamente la actividad marisquera meses antes del comienzo de las obras».

Al hilo de ello, afirma que en las últimas semanas la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade en funciones, Ethel Vázquez, se dirigió «hasta en cuatro ocasiones» a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente demandando la celebración de la reunión, «una solicitud que no fue atendida». No obstante, afirma que cuando el Gobierno trasladó su postura a favor de un encuentro jurídico, la Xunta solicitó que se fijase una reunión «lo antes posible».