El presidente de la Xunta en funciones, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado este jueves la sentencia judicial que determina la devolución del Pazo de Meirás al Estado por parte de la familia del dictador Francisco Franco, un triunfo que ha ligado con «estudiar jurídicamente» la situación para que el Estado de Derecho pueda actuar «con rigor» y de «no hacer solo pancartas».
En la segunda sesión del pleno de investidura, en la que tanto la líder del BNG, Ana Pontón, como el del PSdeG, Gonzalo Caballero, han hecho referencia a una sentencia de la que el candidato popular ha asegurado que no va a «reclamar» su «paternidad». Aún está pendiente la fase de recurso y, aunque Feijóo ha manifestado su deseo de que este no llegase, los Franco ya han avanzado su intención de agotar esta vía.
Más allá, ha proclamado que en el caso del Pazo de Meirás, «una edificación que era de Galicia, lo lógico es que lo que era de Galicia, siga siendo gallego.
Asimismo, ha felicitado a quienes eran portavoces en la Cámara gallega cuando, en la pasada legislatura, se impulsó la «reivindicación política» del inmueble.
A partir de ahí, ha subrayado que «se sumaron otras administraciones» a la demanda y ha agradecido «especialmente» la actuación de la Administración central y a la Abogacía del Estado, y les ha trasladado el «reconocimiento» del Parlamento autonómico.
Finalmente, ha concluido que la sentencia es el resultado de «no hacer solo pancartas», sino «proponer y estudiar jurídicamente» las cuestiones para que en un Estado de Derecho «la justicia actúe con rigor».
«MÁS QUE UN PAZO, ES UN SÍMBOLO»
Previamente, Pontón ha mostrado su «orgullo» como gallega por la sentencia y ha tenido palabras de reconocimiento para las asociaciones, el historiador Carlos Babío (miembro del BNG también) y la concejala compostelana Goretti Sanmartín, que desde la Vicepresidencia de la Diputación de A Coruña impulsó el primer informe de una institución pública. «Es más que un pazo, es un símbolo», ha remachado.
También Gonzalo Caballero ha expresado su «alegría serena» por la sentencia que, en primera instancia, reconoce al Estado como titular del Pazo de Meirás. Para Caballero, la decisión judicial supone «un avance» en el reconocimiento a las personas represaliadas por el franquismo y en la construcción de «una democracia mejor».
