La Junta de Portavoces del Congreso ha fijado para el próximo 10 de septiembre el debate y votación del decreto ley que incluye el acuerdo de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para el uso de los remanentes municipales, una norma para la que el Gobierno sigue sin contar con los apoyos necesarios para sacarla adelante ante el rechazo unánime de la oposición.

Ese acuerdo para permitir que los ayuntamientos usen su superávit para afrontar los gastos del coronavirus salió adelante por la mínima en la FEMP y, tras su transformación en decreto ley, debe ser sometido a votación en el Congreso para decidir su convalidación o su derogación.

En su comparecencia del lunes ante el Congreso, la ministra María Jesús Montero señaló que el Gobierno no tiene ninguna otra fórmula alternativa para el uso de los remanentes y lo único que ofreció es congelar el mecanismo de la cesión de los mismo al Estado y tramitar el decreto como proyecto para que el Congreso haga los cambios que estime oportunos en ese punto.

LA REBELIÓN DE LOS ALCALDES

Pero la oposición no se conforma con eso, sino que reclama la retirada del decreto para empezar una nueva negociación. Más de treinta alcaldes de buena parte de las grandes ciudades del país y de una decena de partidos políticos se han unido para reclamar como alternativa un fondo de 5.000 millones para repartir entre los municipios según su población, tengan o no remanentes.

Estos alcaldes críticos con el acuerdo se plantean llevar su ‘rebelión’ al Congreso la próxima semana, aprovechando el día del debate y votación del decreto ley, que corre serios riesgos de ser derogado.

«Lo veo muy complicado», ha reconocido este miércoles el portavoz del PNV, Aitor Esteban, quien considera que el fondo de remanentes, tal y como está planteado, «no es admisible». Y más allá de ese punto, los nacionalistas vascos acusan al Gobierno de respetar la «foralidad , ya que debería haberse negociado en la comisión bilateral del concierto.

El diputado del BNG, Néstor Rego, se ha quejado de que el Gobierno no muestre ninguna «capacidad negociadora» con este decreto, que ni contó con mayoría entre los representantes municipales ni con mayoría en el Parlamento.

A su juicio, la alternativa es derogar la Ley de Estabilidad Presupuestaria del Gobierno Rajoy que impide el uso del superavit, y cree que hay votos suficientes para hacerlo «con relativa rapidez» buscando entre los socios de investidura.