Los sindicatos CC.OO., UGT, CIG y CSIF han denunciado «chantajes a mano armada» por parte de la Consellería de Medio Rural a los técnicos forestales contra incendios, en huelga desde el pasado 1 de agosto por el exceso de horas de trabajo anuales con respecto a otros funcionarios.

Así se ha expresado Ramón Rozadillas (UGT) en declaraciones a Europa Press, tras la tercera concentración del personal técnico forestal de la Xunta, este miércoles en el Centro Provincial de Coordinación de Incendios en Prado Lonia (Ourense).

Tras reunir a unas 35 personas de toda Galicia, el portavoz sindical ha calificado de «éxito» la convocatoria, la cual da inicio a los ‘miércoles verdes’, una iniciativa para visibilizar las demandas del colectivo y que se desarrollará mediante una sola concentración cada semana en una provincia a las 11,00 horas.

Rozadillas ha asegurado que la Consellería de Medio Rural «está mandando correos» para notificar que «a quien no secunde más la huelga» se le devolverá el «60% de la nómina» que la Xunta, según ha dicho, les ha quitado por ejercer su derecho: «Esto no ocurre ni en países como Venezuela, ha sido un atraco a mano armada», ha reiterado.

Este criterio de reducción salarial tiene que ver con el número de incendios que ocurre en cada territorio de Galicia, una práctica que, según trasladan de los sindicatos, hizo que algunas personas no pudieran asumir y tuvieran que abandonar la huelga, aunque la mayoría del colectivo, según sus cifras, continúa con ella.

La principal demanda del colectivo es la de formalizar un nuevo acuerdo laboral, mediante una mesa de negociación, que actualice el último vigente, de hace 12 años, y con el que se consiga reducir las «más de 500 horas» anuales que trabaja cada técnico forestal, una cifra superior a la de «cualquier funcionario», mediante una ampliación de plantilla.

Con todo, los representantes sindicales coinciden en poner todas las esperanzas en la nueva legislatura, que dará comienzo oficialmente el próximo 9 de septiembre, día en el que han convocado una nueva concentración en Santiago de Compostela para «tender la mano» al Gobierno.

«Esperemos que no sea el mismo gabinete porque el actual no se quiere ni sentar, el nuevo conselleiro o el mismo ya no podrá decir que por estar interino no puede hacer nada», ha subrayado.

XABIER BRUÑA (CIG): «LA CONSELLERÍA NO MIDIÓ BIEN»

En la misma línea, el portavoz sindical de la CIG, Xabier Bruña, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que «los descuentos ilegales por estar trabajando en servicios mínimos» podrían «crear un precedente para el resto de trabajadores a nivel nacional»: «Puede tener una repercusión y una trascendencia que la propia conselleria no midió bien», ha abundado.

«Nos descontaron por dejar de hacer una serie de funciones que dicen ellos que al estar en servicios mínimos dejamos de hacer», ha concretado Bruña, quien, «a pesar de las vulneraciones», ha reiterado que el colectivo se encuentra «con más fuerza que nunca» y que insistirán en la «necesidad de iniciar algo tan simple como ‘diálogo, diálogo, diálogo».

Sobre las esperanzas puestas en el comienzo de la nueva legislatura, el portavoz de la CIG también ha subrayado que continúe o no el conselleiro de Medio Rural, José González, «lo lógico» es que «una de las primeras tareas» sea la de poner solución al conflicto» o al menos sentarse a negociar.

DENUNCIA POR EXTERNALIZAR DIRECCIONES DE OBRAS

Igualmente, José Manuel Zapata, de CC.OO., ha confirmado a Europa Press que denunciarán a la Xunta por «externalizar» las direcciones facultativas de obras, «una tarea que no entra en servicios mínimos», a pesar de que los sindicatos le solicitaron que «nombrasen a otros –como a los funcionarios del servicio de montes, que no están en medio de reivindicaciones– mientras las personas que estaban en huelga no podían ejercer esa labor».

Asimismo, tramitarán una denuncia a la consellería por «ilegalidades en el seguimiento de la huelga», entre las que se ha referido a modificaciones de cuadrante «para que solo hubiera el número mínimo de personas en las oficinas» y así «forzar servicios mínimos del 100%».