La CIG ha presentado alegaciones a un proyecto de ley de transición energética que ve «centralista» al «invadir competencias» de las comunidades autónomas y porque «deja todo en manos privadas» y en ella no hay «ningún espacio para lo público».

La central ha trasladado sus propuestas, un total de 26, al BNG en el Congreso, que se comprometió a registrarlas «en su integridad». El plazo para alegar concluía este mismo miércoles, aunque hubo solicitudes para ampliarlo.

En rueda de prensa, el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, ha advertido de la «desertización de comarcas enteras» de Galicia por un texto que, en la práctica, supondrá el «desmantelamiento total» del tejido productivo, en línea con lo ocurrido con las centrales térmicas de Meirama (Cerceda) y As Pontes, en A Coruña.

En este contexto, ha criticado la «absoluta inacción» de la Xunta ante un texto que tiene, a su juicio, «carácter más propagandístico que de cambios reales», y ha abogado por «avanzar en soberanía para Galicia» y poner «la energía al servicio del pueblo».

Entre otras cuestiones concretas, las enmiendas de la central nacionalista plantean medidas para la nueva gestión de los saltos y aprovechamientos hidroeléctricos, con la vista puesta en su «rescate»; una «moratoria indefinida» para nuevas plantaciones de eucaliptos y la prohibición de los cultivos energéticos.

INDUSTRIA DEL MAR, ELECTROINTENSIVAS Y AUTOMOCIÓN

También demanda la supresión del artículo referido a la planificación y gestión del dominio marítimo terrestre, por «inaceptable» por lo que supondrá para toda la industria relacionada con el mar (cocederos, depuradoras, plantas acuícolas…), según ha avisado Dolores Martínez Castelo, responsable de la Federación Galega de Alimentación, Mar, Transporte, Téxtil e Telecomunicacións e actividades afíns.

Por su parte, el representante de industria de la CIG, Fernando Branco Parga, ha tildado la norma de «ley de marketing» y ha lamentado que no se aproveche para establecer unas condiciones para las industrias electrointensivas, como Alcoa, a la espera de la aprobación de un estatuto propio.

De la CIG-Industria, Xoán Xosé Bouzas Aboi ha avisado de las consecuencias que la ley, tal y como está configurada, tendrá sobre el sector de la automoción. «Podemos presagiar el mismo desierto industrial que con las térmicas», ha augurado, tras señalar la «afectación» para Citroën y las empresas auxiliares de la eliminación de las emisiones de CO2 a partir del año 2040.