Un grupo de portavoces de la plataforma Dereito a Ensino sen Risco de Pandemia ha entregado este miércoles cerca de 2.500 firmas recogidas de forma presencial por toda Galicia durante la última semana, en apoyo a que los progenitores puedan elegir si envían o no a sus hijos a los centros durante la situación sanitaria en la que se encuentra el territorio y mientras no se garantiza la seguridad ante la COVID-19.

En reivindicación del derecho a la salud, dentro de este grupo de padres se encuentran posiciones diferentes, puesto que parte de ellos recurrirá a la presencialidad y otros demandan que se favorezca la educación a distancia. No obstante todos ellos reclaman que se favorezca la posibilidad de elección a las familias, al menos mientras dure este periodo de pandemia, y así lo han solicitado a través de escritos presentados ante diversas instituciones, como la Valedora do Pobo o la Administración gallega.

Según han trasladado a Europa Press, ascienden a 30.000 en toda España que se han organizado para protestar por lo que creen «injusto»: una vuelta a las aulas «totalmente insegura». Cada uno cuenta con sus propios motivos, bien sea por tratarse de personas de riesgo, por compartir domicilio con colectivos vulnerables o familiares con alguna patología y de avanzada edad o porque considera que el centro «no es un lugar seguro» para los pequeños en este momento de incidencia.

«Pedimos poder elegir y se asegure lo mejor posible el derecho a la salud y a la vida, que se hagan las aulas seguras y se les de seguridad académica a aquellos que estén atendidos desde casa», defienden.

«VELAR» POR LA SALUD

Los firmantes exigen que se adopten los protocolos sanitarios y educativos adecuados para un inicio del curso seguridad, tanto presencial como telemático, con garantías efectivas para la salud de los miembros de la comunidad educativa que acudan a los centros y el derecho a la enseñanza de los niños, sobre todo ante una posible segunda oleada de la epidemia.

Estos protocolos deben ser consensuados, insisten, además de pedir que se habiliten soluciones electrónicas para garantizar una educación a distancia adecuada y que no se deje a ningún niño atrás.

Los padres apelan a la obligación legal de «velar por la Educación», pero «en un entorno seguro», y aseguran que parte de ellos están dispuestos a asumir las «represalias, si llegan», por defender la salud de su familia en un momento en el que «corre peligre». En todo caso, están «luchando» para evitar que esto se produzca, por el bien de sus hijos.

La plataforma se encuentra intentando incrementar su visibilización social, puesto que considera que existe «un sentir popular» que coincide con sus postulados. Del mismo modo, pretenden alcanzar algún tipo de acuerdo con las asociaciones de padres, intentando contactar y comunicarse con ellas.