La próxima reapertura de las escuelas infantiles a partir del 1 de septiembre se desarrollará en un contexto de incertidumbre y preocupación por la eficacia y el cumplimiento de los protocolos establecidos. En general, el sector cree necesario la apertura del servicio, pero siempre garantizando la máxima normalidad y la seguridad sanitaria para prevenir contagios y evitar la propagación de la COVID-19.

La Asociación Galega de Escolas Infantís asegura que los centros están «desando abrir», y se encuentran haciendo lo que pueden para seguir las pautas del protocolo de contingencia que debe preparar cada escuela, adaptado a su diferente estructura y situación.

Aulas burbujas, separación de grupos, desinfección de zapatos, entrada escalonada… todo ello forma parte de un plan que han tenido que adaptar a sus propias particularidades y que supondrá un intenso trabajo para estos centros, sobre todo durante el periodo de adaptación y ante la presión de las primeras semanas.

«Intentamos llevarlo lo mejor posible», ha incidido Beatriz Iglesias, en declaraciones a Europa Press, quien reconoce «preocupación» por no haber podido realizar una apertura más controlada y con un número de alumnos más reducido, como solicitaron antes del verano, para comprobar la eficacia del protocolo de seguridad y adelantar todo el trabajo posible de cara a posibles correcciones en lugar de «empezar de cero».

En todo caso, las tareas preparatorias y de adaptación están ahí, a la espera de saber como funcionará el arranque de la actividad, y este miércoles ya celebrarán una reunión con la secretaria xeral de Familia, Amparo González, para puntualizar los términos de la reapertura.

NECESARIO, PERO CON SEGURIDAD

Las escuelas dependientes de la red del Consorcio Galego de Igualdade e Benestar, que abrirán el 4 de septiembre si el calendario sigue su curso actual, han ido más allá y censuran la irresponsabilidad de la Xunta por la falta de medios y de personal para poder cumplir con el protocolo, sobre todo para llevar a cabo la separación de grupos y la vigilancia para evitar el contacto entre los pequeños.

Zeltia Burgos, secretaria nacional da CIG autonómica, ha reprochado que el plan es demasiado «general», de forma «unilateral» y «de imposible cumplimiento si no se amplían tanto medios humanos como materiales», una cuestión preocupante teniendo en cuenta el escaso margen que existe de cara al inicio del curso.

La CIG ha demandado que se asegure la protección del personal especialmente sensible y de las embarazadas, se negocie el protocolo de incorporación de los pequeños y se dote a los centros de una figura directora y coordinadora específica para COVID-19, con formación y que esté liberada de la actividad docente.

El regreso es necesario, insisten, pero no sin seguridad y a «coste cero», sobre todo ante la preocupante experiencia de los países del entorno con el regreso a la actividad escolar y el «alarmante» aumento de contagios. «Hay que mirar a fuera para darse cuenta que esto puede suceder», ha advertido, lo que podría desembocar en un nuevo parón y en «producir un problema grave» tanto social como económico.

CAMBIOS «MUY GRANDES»

Desde UGT, Elena Martínez ha lamentado la «incertidumbre» que les espera a estos centros, con «cambios muy grandes» tanto para trabajadores como para familiares y la complejidad de garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad

«No hay personal suficiente», ha insistido, además de apuntar el desarrollo apurado para adaptar el trabajo al mismo tiempo que se llevaba a cabo el proceso de matriculación. A su juicio, todavía faltarían «unas semanas más» para estar al día y el retorno a la actividad se desarrollará «muy pronto».

Sobre todo ha criticado que se deje «muchas cosas» en manos de las escuelas, que contaron con «muy poco tiempo para poder organizar un cambio tan radical» en su forma de trabajar, y ha advertido de las consecuencias de un hipotético incremento de contagios y de un retorno al contacto telemático, que había sido un «desastre» general durante el confinamiento.

Dorinda González, de CC.OO., cree que el protocolo «no se puede cumplir» ante la falta del personal necesario para reducir la ratio de usuarios y para cumplir con todas las tareas de desinfección.

«Las escuelas no pueden hacer la adaptación necesaria si no disponen de medios», tanto materiales como humanos, y «tal y como está la situación» todavía no se puede garantizar la distancia de seguridad o la separación entre grupos de aulas burbuja. «Es imposible garantizar la seguridad manteniendo la ratio de un cuidador por cada 20», ha zanjado.