La asamblea local del BNG de Vilaboa ha decidido, por unanimidad, romper el pacto de gobierno municipal suscrito hace 13 meses con el PSOE tras la dimisión del que fuera alcalde socialista, Francisco Costa, y su próxima sustitución por César Poza –noveno puesto de la lista electoral– en el pleno del 20 de agosto. «Es una estafa a la ciudadanía y pone en entredicho la valía de los componentes actuales del grupo de gobierno socialista», ha afirmado el BNG en un comunicado.
El grupo municipal nacionalista ha acusado a su hasta ahora socio de coalición de «invadir competencias» asignadas al BNG en el pacto y del «incumplimiento reiterado de consensuar la acción de gobierno», además de reprochar a los socialistas la «gestión apresurada y no consensuada» por parte del PSOE tras la «crisis generada por la dimisión del ya ex-alcalde», que había renunciado al cargo por razones personales.
A pesar de reconocer que la elección del sustituto de Costa «es una decisión orgánica de los socialistas», la asamblea local del BNG de Vilaboa «no comparte que el próximo alcalde sea un candidato que iba fuera de los teóricos puestos de salida para la mayoría absoluta».
ESTRATEGIA
No obstante, el grupo municipal nacionalista ha anunciado que facilitará la designación de Poza como candidato a la Alcaldía por ser el candidato «de la formación más votada, en un ejercicio de respeto a la democracia». Aún así, el BNG de Vilaboa ha asegurado que la Alcaldía en manos de César Poza supone un fraude absoluto» al pueblo.
Además, por parte del BNG han afirmado que el cambio en el bastón de mando «era una estrategia preparada hace tiempo», y ha argumentado que «los rumores sobre la dimisión del ex alcalde eran más que notorios» y que por parte de los socialistas «la actitud iba encaminada a actuar como un gobierno con mayoría absoluta, relegando al BNG a un plano meramente administrativo».
Por tanto, el BNG de Vilaboa ha explicado que será «más útil» en la oposición, que enfocará de manera «propositiva». De este modo, el grupo municipal nacionalista pone fin a nueve años vinculado al gobierno local.
