La CIG ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Ourense en relación con el «perverso trapicheo de contratos precarios» que asegura que existe en la unión temporal de empresas (UTE) que se encarga de la recogida de la basura y de la limpieza viaria del Ayuntamiento.
Según la central nacionalista, esta UTE, conformada por Copasa, FCC y GESECO, hace un «reparto de miserias» desde 2019 al contratar en ocasiones a «familiares directos» y lo hace «con dinero público» y con «el beneplácito del gobierno municipal, que hasta la fecha no hizo nada por evitarlo».
En declaraciones a Europa Press, el secretario comarcal de la CIG-Ourense, Anxo Pérez, ha destacado que esta concesionaria se hace cargo de un servicio público «esencial», sobre todo «en los tiempos» actuales.
Por ello el sindicato ha puesto los hechos que denuncia en conocimiento de la Fiscalía, que es ahora la que «tiene que decidir si toma en consideración» la denuncia.
«CAMBIO RADICAL»
«Denunciamos que hubo un cambio radical en la política de contratación, que pasó de escatimar contratos, no cubrir bajas, invalideces, jubilaciones, etcétera, a, de forma periódica, cada tres o cuatro meses, contratar remesas de 40-50 personas, con contratos cortos, en precario, algunos a tiempo completo, otros a tiempo parcial, algunos que repiten y otros que no», explica Pérez.
De esta forma, critica que «crean una legión, un auténtico ejército de personas necesitadas de trabajar que de alguna forma debe un favor» a la empresa.
Y, según ha añadido, lo que se produce es «un reparto pactado» según el cual el 50% de los contratados entran «por medio de una empresa de economía social con sede en A Coruña» y que «en teoría» está «para favorecer la contratación de personas en riesgo de exclusión social». Como en Ourense no tiene sede, las entrevistas, indica este responsable de la CIG, se realizan en el Sindicato de Trabajadores de la Limpieza.
«Por esta vía, si es a tiempo parcial, (el trabajador) tiene que pagar una cantidad por trabajar, una cuota mensual de 40 euros», afirma, lo que, según advierte, es una «inmoralidad». «Lo grave además es que la inmensa mayoría de los contratos son familiares directos de Ecourense», asegura.
El «otro 50%» llega a la UTE «de una forma heterogénea». «Que si un encargado tiene un enchufado, un responsable municipal también… Ahí entra el reparto, ahí no nos consta que tengan que pagar», indica Anxo Pérez.
De acuerdo con sus datos, los fondos públicos que maneja Ecourense son 11 millones de euros al año. Las prácticas que denuncia la CIG se realizan, afirma, «primero con la colaboración necesaria de las empresas» y después con «el beneplácito del gobierno municipal».
Lo que quiere la central que investigue la Fiscalía es esta «tormenta perfecta de la inmundicia, de lo indecente que puede ser el sistema».
