La asesoría jurídica de la Xunta no ve «ningún obstáculo» en cuanto a la disponibilidad de los terrenos para que el Estado licite el dragado de la ría de O Burgo apelando al «compromiso» de suspender la actividad marisquera cuando se ejecuten los trabajos, según informan las Consellerías do Mar e de Infraestruturas e Mobilidade.

Las conselleiras en funciones de ambos departamentos, Rosa Quintana y Ethel Vázquez, respectivamente, mantuvieron una reunión con representantes de la Cofradía de Pescadores de A Coruña en la que les trasladaron el contenido del informe ante las discrepancias con el Gobierno central sobre la licitación del proyecto.

Según informan ambas consellerías, el documento considera que la postura defendida por el Gobierno central «no es razonable» y aclara que «el mero hecho de que haya actividad marisquera en la zona no limita la disponibilidad de los terrenos ni la realización de los trámites necesarios para la licitación del contrato».

En este sentido, incide en que la Administración estatal fundamenta su posición «en un entendimiento poco informado, formalista y equivocado del trámite de replanteo del proyecto, previsto en la legislación de contratos del sector público».

El informe de la Xunta concluye que la disponibilidad de los terrenos está «plenamente asegurada» al trasladar la Consellería do Mar «su compromiso de suspender la actividad marisquera en el momento de ejecución de los trabajos, tal como recoge la declaración de impacto ambiental de la obra, aprobada por el propio Estado».

«Y también la Cofradía de Pescadores de A Coruña trasladó su intención de cesar la actividad cuando comiencen las obras», recuerdan los departamentos autonómicos.

ARGUMENTOS

El documento recalca que los títulos para la extracción marisquera que otorga la Xunta «no llegan a amparar la ocupación del dominio público, pues sólo autorizan la actividad extractiva y que la Ley de Costas concede al Estado amplias potestades de recuperación de oficio, suspensión de actividades y desalojo de los terrenos de los que es titular». «Que podría hacer valer en caso de que hubiera problemas para desarrollar las obras», añade la Administración autonómica.

Además, la asesoría jurídica defiende que no pueden alegarse «temores irracionales sobre hipotéticas paralizaciones en el dragaje» por la existencia de autorizaciones marisqueras y subraya que el Gobierno central «cuenta con las potestades que le otorga la Ley de Costas para el improbable caso de incumplimiento de la palabra dada por parte de la Administración gallega y de la propia cofradía».

En este sentido, plantea que «lo más lógico sería hacer el replanteo del dragaje recogiendo la existencia de actividad marisquera en la zona y dejando constancia de esas garantías con las que cuenta tanto de la Consellería del Mar como de la cofradía para la realización de la obra».

DEMANDA AL GOBIERNO

Tras este informe, el Ejecutivo gallego avanza que trasladará nuevamente «el compromiso de la Administración gallega de adoptar las medidas necesarias para la paralización de la actividad extractiva en los terrenos afectados en el momento en que, a requerimiento del Estado y de acuerdo con las previsiones del proyecto aprobado, se inicie la ejecución del contrato de la obra».

La Xunta también le pide al Gobierno que certifique «que dispone del crédito necesario y suficiente para poder ejecutar las obras, ofreciendo garantías de que va a acometer lo antes posible el dragaje de la ría de O Burgo, de su competencia».