La totalidad de los grupos políticos presentes en el Parlamento de Galicia han instado a la Xunta a ampliar la red de Centros de Información a la Mujer (CIM) «a todo el territorio» gallego con el horizonte fijado en el próximo año 2020.

La moción, presentada por el PSdeG durante la sesión plenaria que tiene lugar en el Pazo do Hórreo este martes, ha salido adelante por unanimidad después de los socialistas aceptasen modificar dos puntos de la propuesta para incluir enmiendas del grupo mayoritario, el del PPdeG.

Estas enmiendas eliminaron de la moción del PSdeG el punto relativo a la incorporación en los presupuestos de la Xunta para el próximo año de una partida específica para mejorar los centros tanto a nivel de personal como de equipamiento.

Finalmente, los socialistas han aceptado sustituir esta cuestión por la propuesta del PPdeG, que suprime la creación de una partida presupuestaria propia y se limita a invitar a la Xunta a comprometerse a dotar a la red CIM de «recursos económicos y técnicos adecuados».

Durante el debate de la iniciativa, la diputada del PSdeG María Pierres ha destacado que «el 42 por ciento» del territorio gallego está «descubierto» de la red de Centros de Información a la Mujer, una realidad que padecen «especialmente» en los núcleos de población del rural.

Por ello, ha calificado de «imprescindible» acometer la expansión de la red de CIMs para así «garantizar el servicio integral y de calidad para todas las mujeres gallegas, independientemente de donde vivan».

Los grupos de En Marea y BNG se han sumado a la propuesta, ya que, en palabras de la parlamentaria rupturista Paula Quinteiro, estos centros padecen «problemas de recursos y falta de personal» que se ven agravados por la obligatoriedad de asumir «nuevas tareas» sin que se haya aumentado las partidas presupuestarias que los financian.

Por su parte, la diputada nacionalista Olalla Rodil ha recordado que en la ley de Igualdad aprobada en Galicia en el año 2007 «ya se decía» que en el desarrollo de estos centros «se tendrían en cuenta los desequilibrios territoriales». Además, Rodil recordaba que «los servicios públicos son de los ciudadanos» y no «de los grupos políticos o las instituciones».

CRUCE DE ACUSACIONES

La parlamentaria pronunciaba estas palabras después de que las diputadas de PPdeG (Paula Prado), En Marea (Paula Quinteiro) y PSdeG (María Pierres) cruzasen acusaciones por la gestión de recursos y políticas de igualdad de instituciones gobernadas por sus respectivas fuerzas políticas.

Así, la popular acusaba a los socialistas de gobernar en el «único» municipio de Galicia «en el que se cerró un CIM», en referencia a Pontecaldelas (Pontevedra). También apuntaba al Ayuntamiento de Santiago, dirigido desde 2015 por Compostela Aberta, al que criticó por «dejar sin abogada durante siete meses» el centro de la capital gallega.

«Los problemas no se resuelven con pancartas el 25 de noviembre o el 8 de marzo. El feminismo hay que aplicarlo. El verdadero feminismo es cuando se hace política, cuando se gestionan los recursos públicos», ha espetado Paula Prado, en referencia al gobierno de Santiago.

A continuación, Paula Quinteiro afeaba a la popular que la Xunta no se sume a la campaña ‘En negro contra as violencias’, promovida por el departamento de Igualdad del Ayuntamiento de Santiago y que, según la de En Marea, es un «éxito» que «molesta» en las filas populares. «Le molesta que un gobierno que no es suyo haga el mejor trabajo en igualdad», ha apostillado.

La parlamentaria socialista María Pierres también respondía en su turno de cierre a Paula Prado, a la que recordaba que el CIM del municipio de Cambados (Pontevedra) «cerraba durante meses cuando el PP gobernaba allí».

«Pregunte por ello, y de paso pregunte también con quién comparte sede su partido en Cambados», ha espetado Pierres en referencia a la denuncia que señala que la sede del Partido Popular en la localidad arousana figura todavía a nombre del fallecido contrabandista Vicente Otero ‘Terito’. «A lo mejor hay que pedir una temporada dos de (la serie) Fariña con banda sonora de Amistades Peligrosas», ha añadido la diputada socialista.

DOS MOCIONES SOBRE IGUALDAD RECHAZADAS

La Igualdad ha sido el tema que ha centrado las mociones debatidas en la sesión plenaria de la mañana de este martes en la Cámara gallega. Además de la anteriormente citada, el Parlamento ha rechazado otra dos presentadas por los grupos de la oposición que no han prosperado por los votos en contra del Partido Popular de Galicia.

La primera, promovida por el Grupo de En Marea y defendida por Paula Quinteiro, proponía instar al Gobierno gallego a impulsar medidas para la inclusión de herramientas que mejoren el tratamiento de los medios de comunicación en materia de igualdad a través de la incorporación de la perspectiva de género.

Quinteiro ha denunciado la «inacción» de la Xunta a la hora de poner en marcha políticas públicas para acabar con «el sexismo» en los medios y el tratamiento informativo de la violencia de género que, a su juicio, «normaliza» esta problemática a los ojos de la sociedad

Pero la moción ha contado con la oposición de la grada popular que, de la mano de la diputada Raquel Arias, ha interpretado la propuesta de En Marea como un intento de «controlar los medios de comunicación», algo que, según la diputada, «es reiterativo» desde el partido instrumental.

«Lo que proponemos nosotros es la regulación y la autoformación», ha incidido Raquel Arias, que ha asegurado que «los titulares e informaciones inadecuadas» y que fomentan el sexismo «son excepciones» y, por lo tanto, «no pueden tomarse como regla».

MOCIÓN SOBRE BRECHA SALARIAL

Por último, los votos del PPdeG también ha tumbado otra moción presentada por los socialistas, en este caso relativa a las medidas a impulsar desde la Xunta para fomentar la igualdad y reducir la brecha salarial entre mujeres y hombres.

Los populares, cuya postura fue defendida de nuevo por la viceportavoz parlamentaria Paula Prado, justificaron su ‘no’ a la moción por considerar «falta de rigurosidad» la propuesta socialista que, según la dipuada, pretendía instar a la Xunta «a hacer cumplir una ley estatal que tiene que cumplir el Estado».