El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, ha asegurado que la causa de la extinción de la concesión Vulcano, que se encuentra en liquidación, es «clara» y está regulada por el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y Marina Mercante, así como por el pliego de condiciones por el que el astillero accedió a la misma.
En concreto, el texto refundido contempla la rescisión de la concesión en caso de «disolución o extinción de la sociedad, salvo en los supuestos de fusión o escisión», un aspecto que López Veiga ha asegurado que también reflejaba el pliego de condiciones por el que el astillero accedió a la misma. Por ello, ha apuntado que, según la norma, corresponde iniciar el procedimiento de caducidad.
Así se ha pronunciado en una rueda de prensa telemática posterior a la reunión del consejo de administración en la que se ha pospuesto la votación sobre la extinción con el único voto en contra de López Veiga y la ausencia de varios miembros, como el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el delegado del Estado en la Zona Franca, David Regades.
Así las cosas, el presidente del Puerto ha explicado que se opuso a la eliminación de este punto del orden del día «por coherencia» y ha remarcado que no se rechazó la recuperación de los terrenos, sino que solo se aplazó esta decisión.
Además, ha recordado que, mientras el Puerto inició un procedimiento administrativo, el Juzgado de lo Mercantil 3 de Pontevedra lleva a cabo un proceso judicial. De este modo, ha señalado que la Abogacía del Estado ha corroborado al Puerto que la situación del astillero representa un «motivo de extinción» de la concesión y que se debe incoar el expediente para llevarla a cabo. También ha explicado que la Abogacía del Estado en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Consejo de Obras Públicas y el Consejo de Estado se han pronunciado en la misma línea.
Precisamente, López Veiga ha restado importancia al hecho de que el dictamen del Consejo de Estado no sea vinculante y ha advertido de que la tramitación de documentación que no se ajuste a una normativa por parte de profesionales puede conllevar que asuman responsabilidad administrativa de acuerdo con la Ley de procedimiento administrativo.
Respecto a la suspensión de la votación, el presidente de la Autoridad Portuaria ha apuntado a la posibilidad de que la decisión se adopte en septiembre y ha recalcado que, en todo caso, compete al consejo de administración. No obstante, ha afirmado que un voto en contra deberá justificarse.
También ha incidido en que la decisión sobre la concesión no debe vincularse al «futuro» de Vulcano y ha negado que busque recuperar la concesión para destinarla al almacén de contenedores.
CRÍTICAS DE ASIME
Por su parte, el secretario general de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime), Enrique Mallón, ha valorado que se haya impuesto una «cordura» en la sesión que permitió posponer la votación. En esta línea, ha destacado que la mayor parte de los miembros se han opuesto a la votación de una propuesta que ha subrayado que solo corresponde al presidente del Puerto y ha afirmado que la posición del consejo ha sido «nítida».
De este modo, Mallón ha recordado que Asime advirtió de que exigiría «responsabilidades» a los miembros del consejo si se aprobaba la recuperación de la concesión y ha destacado en concreto el «apoyo» al aplazamiento de la decisión por parte de la Xunta, que cuenta con dos asientos en el mismo.
Asimismo, ha afirmado que Asime reclamará un proyecto «sólido» para las instalaciones de Teis. Precisamente, el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra aceptó esta semana la única oferta presentada por el mismo, la de Marina Meridional. El juez contempla que la venta se realizará con la concesión en virtud de la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra que señala que esta forma parte de la unidad productiva.
La empresa de José Alberto Barreras deberá abonar los 7,85 millones que ha ofertado por el astillero el 22 de septiembre o se entenderá que decae su interés por el mismo. Mallón se ha referido a que esta última posibilidad podría permitir que la empresa de calderería Vicalsa, que en otoño manifestó su interés por las instalaciones, presentase una oferta por Vulcano y ha vuelto a valorar su propuesta.
