El comité de empresa de Unísono en Vigo ha denunciado que la empresa ha descontado de las nóminas de algunos empleados una parte por una paralización de la actividad en marzo, debida a una situación de «riesgo» tras anunciarse un positivo por COVID-19 en la plantilla, y que se niega a devolverla.
Los representantes de los trabajadores comparecieron este miércoles en una rueda de prensa para exponer la situación. La delegada de la CIG, Luisa Baños, recordó que el 18 de marzo, en pleno confinamiento, el comité de empresa aplicó una paralización de la actividad, firmada por CIG, UGT y CGT, por «riesgo grave e inminente de contagio de la COVID-19» amparándose en el artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
En aquel momento denunciaron que las en torno a 900 personas que seguían trabajando en esta empresa de telemarketing en Vigo no mantenían la distancia de seguridad –estaban a entre 40 y 80 centímetros– y estaban expuestas a riesgos al tener que compartir material como los cascos. Tras comunicarse un caso positivo de COVID-19 en la plantilla el día 17, el comité recurrió a la paralización de la actividad, una medida que la legislación indica que no puede conllevar «perjuicio alguno».
El 25 de marzo se suspendió esta paralización, al comprobar el comité de empresa que se «empezaban a implantar algunas medidas de seguridad». Pero en mayo, la «sorpresa» fue que a una parte del personal que secundó la paralización se le descontaron los días que no acudió a su puesto por este motivo. Se dieron descuentos de entre 200 y 300 euros en nóminas que «andan por los 700 y 800 euros», ha criticado Baños.
Las detracciones, ha agregado, no fueron para todo el personal que apoyó la paralización de la actividad, sino que «afectaron a algunas personas, sin que se sepa si esto responde a una estrategia». Se pidió una mediación del servicio de resolución de conflictos laborales por vía extrajudicial (AGA), pero Unísono se negó a abonar las cantidades descontadas, según el comité de empresa.
«La única respuesta de Unísono es que decidirá un juzgado», han agregado los representantes de los trabajadores, que han acusado a la empresa de tener como «única preocupación durante la emergencia sanitaria» la de «ganar dinero a cuenta de la salud de su personal».