Familiares de víctimas y afectados por el accidente del Alvia 04155 de 2013 han protestado este viernes, cuando se cumplen siete años de los hechos, para reclamar que no se olvide lo sucedido y que se haga una investigación técnica independiente.

Una marcha salió de la estación de tren de Santiago y recorrió varias calles hasta llegar al Obradoiro, convocada por la Plataforma de Víctimas Alvia 04155. En esta ocasión, en un contexto de crisis sanitaria a causa de la COVID-19, los participantes fueron en torno a medio centenar de personas. «No están olvidados, están muy presentes. Investigación independiente», gritaron en varias ocasiones.

Antes de arrancar la manifestación, el presidente de la plataforma, Jesús Domínguez, lamentó que el día de hoy debía ser «solo de recuerdo y de homenaje», pero «lamentablemente, por nuestros gobernantes y por unas instituciones que demuestran que no son nada democráticas» se siguen manifestado para pedir una investigación técnica independiente.

«Es muy lamentable que no nos dejen pasar página y lo único que hagan estas instituciones sea generarnos más dolor», señaló y criticó que sea necesario protestar por algo que «sería lo más normal en un país democrático». «Lo que queremos es saber la verdad, porque eso también repara», reivindicó.

Domínguez indicó que las víctimas están «muy hartas» de los gobernantes españoles, «empezando, en su día, por Rajoy y su ministra Ana Pastor», que hizo «todo lo posible por ocultar las causas de este accidente» y, posteriormente, con el Gobierno de Pedro Sánchez y el ministro Ábalos, a los que acusan de «ningunearlos». «Unidas Podemos, que nos había mostrado su apoyo, ahora que está en el Gobierno se olvida y tampoco ni nos contesta y nos ningunea», agregó.

Con el paso del tiempo, lamentó, la sociedad en general olvida lo ocurrido y «los primeros» en hacerlo son los gobernantes. El primer año «estuvieron todos» los partidos políticos, recordó y reprochó que en la actualidad no acude «nadie de los que están en el Gobierno». A la protesta de este viernes acudieron representantes del BNG, Ciudadanos y Anova.

«Es muy lamentable y muy triste que se comporten así nuestros gobernantes», insistió y defendió que las acciones de la plataforma de víctimas sí han «hecho algún trabajo» y ahora España tiene abiertos dos procedimientos de infracción por incumplimiento de la normativa de seguridad ferroviaria.

Para que no se repita un accidente similar, dijo, es necesaria esa investigación independiente que determine lo que ocurrió aquel 24 de julio de 2013, cuando el descarrilamiento de un tren Alvia que recorría la línea entre Madrid y Ferrol descarriló en la curva de A Grandeira, a pocos kilómetros de la estación de Santiago y provocó la muerte de 80 personas (las víctimas elevan el cálculo a 81) y heridas a más de 140.

LOS RETRASOS DEL PROCESO JUDICIAL

El proceso judicial acumula retrasos y, siete años después, todavía sigue en fase de instrucción y no se ha abierto juicio oral. Este mes declararon varios técnicos de Talgo, uno de los cuales, que ya no está vinculado a la empresa, afirmó que horas después del accidente recibió la orden de borrar información sobre averías sufridas por el tren.

A este respecto, Domínguez indicó que este mecánico se ratificó en su versión, pero los demás «dijeron otra cosa». Cuando se decidió a denunciar, recordó, habían pasado ya seis años del accidente. Si hubiese difundido esa información antes «a lo mejor, con triangulación de móviles, con los registros, se hubiera conseguido más».

Las víctimas decidieron poner esta información en conocimiento del juzgado pese saber que provocaría más retrasos en el proceso. «Hemos denunciado durante siete años la ocultación de papeles por parte de Adif y Fomento; no podíamos nosotros esconder un papel», argumentó Domínguez, que señaló que ahora es el juez, Andrés Lago, quien debe decidir si lo tiene en cuenta o cierra la instrucción con las imputaciones del maquinista, Francisco José Garzón, y el exdirector de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte.

REPRESENTACIÓN POLÍTICA

En la manifestación participaron representantes de Anova, Ciudadanos y el BNG. La líder de esta última formación, Ana Pontón, defendió que «lo importante de conocer la verdad es que nunca más haya un accidente de estas características» y afirmó que el caso no caerá en el olvido. «Al contrario, cada año tiene más sentido reclamar que haya una investigación real», manifestó.

A su juicio, es necesario depurar unas responsabilidades políticas que es «evidente» que existen. Si se impide que se indague, añadió, «es que hay algo que ocultar». «No se puede tapar un accidente de estas características. Es vergonzoso cómo se están comportando el Estado español y el conjunto de las fuerzas estatales dando la espalda a las víctimas», censuró y anunció que el BNG presentará una iniciativa en el Parlamento gallego para apoyar esa investigación.

Por su parte, la portavoz del BNG en Europa, Ana Miranda, avanzó que está previsto que en septiembre haya una reunión sobre el accidente con la nueva comisaria europea del ramo.

La responsable de Ciudadanos en Santiago, María Vilas, se sumó también a la petición de una investigación independiente para «conocer la verdad» y consideró que «lo mínimo que se espera de la clase política» es que colabore «en todo lo posible» para esclarecer el accidente. «No puede volver a pasar», dijo.