El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) reunido este jueves, han dado luz verde al ‘Plan de respuesta temprana en unescenario de control de la pandemia por COVID-19’, que ha incorporado respuestas por escenarios específicos, como el de los centros penitenciarios.

El documento, presentado el pasado lunes por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, pretende dotar al Sistema Nacional de Salud de una mayor capacidad para prevenir y atajar posibles incrementos de transmisión del COVID-19, por lo que se ha acordado que sea revisado cuando sea necesario.

El documento aprobado este jueves ha incorporado mejoras y concreciones técnicas, a propuesta de las comunidades autónomas, de diferentes ministerios y de la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta, dependiente de la Comisión de Salud Pública, según anuncia el ministerio.

Así, se han incorporado posibles respuestas por escenarios específicos, como el de los centros penitenciarios. «Lo cierto es que el impacto del COVID-19 ha sido bajo en los centros penitenciarios gracias a una rápida puesta en marcha de las medidas de aislamiento precoz al inicio de la epidemia –aseguran desde el Ministerio de Sanidad–. Pero dadas las características especiales de estos centros y el contacto estrecho de personas con patologías crónicas, la aparición de un brote de coronavirus podría suponer un grave problema».

En este sentido, el Plan recomienda seguir las actualizaciones de las recomendaciones propuestas por las autoridades sanitarias y los centros penitenciarios deberán colaborar en la recopilación, verificación y notificación de los datos para poder planificar e intervenir de forma adecuada.

Además se recomienda, además, la adopción de sistemas de vigilancia reforzados en estos entornos y deberán disponer de planes de contingencia adaptados a las características específicas de cada centro.

Así, la detección de un caso en un centro penitenciario deberá notificarse a las autoridades sanitarias de forma inmediata para adoptar las medidas oportunas, como son el aislamiento del caso y sus contactos así como la indicación de cuarentena del módulo residencial.

El plan establece que, además, se realizará una búsqueda activa de casos y se valorará la posibilidad de hacer estudios de cribado en el resto de residentes y profesionales si la situación lo requiere.

Respecto a colectivos de especial vulnerabilidad ante el COVID-19, como los migrantes que acceden de forma irregular a nuestro país, el plan también plantea medidas específicas para el diagnóstico precoz de estas personas.

En líneas generales, el plan establece que el ministerio de Sanidad junto a las comunidades autónomas podrán aprobar medidas coordinadas de salud pública ante rebrotes que afecten a varias regiones.

Estas medidas, además, van a ser de obligado cumplimiento en las comunidades autónomas donde se establezcan ya que el objetivo del plan, que consta de cinco capítulos y cinco anexos, es reducir el impacto de la pandemia por el nuevo coronavirus mediante el fortalecimiento de intervenciones «rápidas, oportunas y eficaces» y, al mismo tiempo, preparar las capacidades de España frente a un incremento de la transmisión que, llegado el caso, pueda derivar en una segunda ola de transmisión.

En concreto, la actuación coordinada entre las CCAA y el Ministerio para implantar medidas de obligado cumplimiento en determinadas regiones se puede dar el caso de que, por ejemplo, se celebren fiestas regionales en varias regiones limítrofes y cada una vaya a implantar medidas diferentes.

En este caso, y debido al riesgo de contagio, se podría obligar a que se suspendieran en todas las comunidades estos eventos o a que los mismos se celebrasen siguiendo unas mismas reglas. Este mecanismo está pensado, por ahora, para llevar a cabo actuaciones de este tipo (como también cierre de locales o restricciones de aforo en tiendas) pero no para establecer el confinamiento de comunidades enteras.

Así, se establece que las actuaciones de preparación y respuesta ante posibles brotes del nuevo coronavirus deben adoptarse de forma consensuada y coordinada por los distintos agentes implicados en la evaluación y gestión del riesgo de transmisión.

Además, el texto que ha elaborado el departamento que dirige Salvador Illa establece que las comunidades deben garantizar una capacidad suficiente de recursos humanos en los servicios de Salud Pública; disponer de planes de contingencia; garantizar el funcionamiento adecuado de un sistema de información para la alerta precoz las 24 horas del día durante los 365 días del año; asegurar la capacidad de laboratorio ante el posible aumento de la demanda diagnóstica; e identificar de forma precoz y buscar activamente los casos.

En el ámbito de la atención sanitaria, el plan señala que las autonomías deben activar los planes de contingencia en Atención Primaria y Hospitalaria de forma adaptada a cada escenario; garantizar capacidad suficiente de recursos humanos y de equipos de protección individual; así como de disponer de una capacidad suficiente de camas de agudos y de cuidados críticos con capacidad de respiración mecánica invasiva. En este caso, entre 1,5 y 2 camas de cuidados críticos por cada 10.000 habitantes y entre 37 y 40 camas para enfermos agudos por cada 10.000 habitantes.

Las comunidades autónomas también deben de disponer de planes de atención en domicilio; una estrategia con circuitos diferenciados de atención a pacientes Covid-19 y no Covid-19; mecanismos para la atención específica y segura a pacientes vulnerables; y garantizar los programas de vacunación.

Por otra parte, el documento establece como principales medidas no farmacológicas dirigidas al control de la propagación del virus la higiene de manos, la higiene respiratoria, la distancia interpersonal y la utilización de mascarillas. También señala la necesidad de disponer de estrategias de prevención que recojan aspectos relacionados con la organización de espacios y horarios, la coordinación con el sistema asistencial o procedimientos sobre manejo de casos.

Unas estrategias que deben ser tenidas en cuenta para minimizar el riesgo de brotes en entornos especialmente vulnerables como residencias para mayores, personas con discapacitados; centros de salud mental y centros de acogida o albergues.

Será prioritario prevenir el impacto de la gripe en este otoño-invierno ante la situación de eventual coincidencia con la epidemia de Covid-19. Para ello se fomentará el aumento de la cobertura de vacunación, especialmente en mayores de 65 años, personal sanitario y socio-sanitario, embarazadas y personas con condiciones de riesgo.

RESERVA ESTRATÉGICA NACIONAL

Por otra parte, y ante la situación de mercados tensionados y con objeto de garantizar una rápida respuesta ante nuevas ondas epidémicas o emergencias de Salud Pública, el documento señala que las comunidades autónomas deberán poder garantizar una reserva estratégica de productos críticos que pueda cubrir las necesidades durante un periodo de 8 semanas.

En este sentido, la reserva nacional dará cobertura al 25 por ciento del consumo medio total declarado por las comunidades autónomas durante 2 meses en lo relativo a equipos de protección individual y productos sanitarios.