El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Cangas (Pontevedra) ha abierto diligencias previas contra la administradora de Geriatros, la directora de la residencia DomusVi de Aldán (intervenida por la Xunta durante la pandemia) y dos cargos de la Xunta tras presentar una querella las hijas de dos usuarias del centro, una de ellas fallecida y otra contagiada por COVID-19.
El auto, contra el que cabe recurso de reforma y/o apelación, insta a incoar un procedimiento de diligencias previas en relación a posibles delitos de homicidio o lesiones por imprudencia profesional o de abandono de discapacitados. Así, las querellantes deberán declarar y se demandará el historial médico de sus madres a Geriatros S.A., para que el médico forense evalúe «si el diagnóstico y la asistencia médica» de las mismas fueron adecuados.
De este modo, el juez busca determinar si existió «alguna acción u omisión constitutiva de imprudencia profesional que «haya provocado el contagio del COVID-19» o «el fallecimiento de alguna de las internas a causa de la citada enfermedad».
En concreto, la querella se presentó contra Geriatros, Geriavi, la administradora única de Geriatros y la directora de la residencia de mayores, así como la jefa del Servicio de Inspección de Maiores, Discapacidade e Dependencia y el director xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade de la Xunta.
No obstante, el juez ha señalado que, de acuerdo con el Código Penal, no procede dirigir el procedimiento «frente a las personas jurídicas objeto de la presente querella, debiendo delimitarse la responsabilidad de las personas físicas cuya investigación se pretende».
QUERELLA
El auto ha remarcado que la hija de una de las residentes ha responsabilizado al centro, del que su madre fue usuaria entre agosto del año 2019 y el 14 de mayo de año 2020, «de las lesiones sufridas derivadas del diagnóstico positivo por COVID-19» y las «numerosas caídas que se registraron y que no se trataron debidamente».
Asimismo, la querella fue presentada por la hija de otra mujer que fue residente entre el 21 de febrero de 2020 y el 10 de abril de 2020, momento en el que fue ingresada en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo «con una severa deshidratación», tras lo que falleció el pasado 21 de abril. Así, la hija de esta anciana achaca los hechos a la «falta de cuidado y/o auxilio adecuado en las personas físicas y jurídicas» querelladas.
En ambos casos, esta segunda mujer afirma que el fallecimiento de su madre «se deriva sin género de dudas de la mala gestión de la crisis por parte de los querellados». Según ha recogido el auto, la hija de esta anciana afirma que los querellados «esperaron» a que la anciana presentase «un cuadro de tal gravedad que todo intento por preservar su vida por parte de los profesionales del Hospital Álvaro Cunqueiro fue totalmente en vano».
Respecto al primer caso, el juez ha recalcado que las «caídas de las residentes, de haberse producido, la falta de información o la atención insuficiente no pueden calificarse como delito», aunque ha apuntado que «la obligación de vigilancia, si se hallaba expresamente recogida en el contrato, podría suponer una responsabilidad contractual».
Mientras, el juzgado ha descartado calificar como un delito de abandono de una persona con discapacidad los hechos, de los que «no pueden responder las personas frente a las que se interpone la querella» al tratarse de «un delito esencialmente doloso y no de mero descuido o desatención».
LAS PACIENTES, «ATENDIDAS»
En este sentido, ha concluido que las pacientes «fueron atendidas» y ha apuntado que, de ser ciertos los hechos reflejados en la querella, se observarían «incumplimientos contractuales» y «una deficitaria atención facultativa, pudiendo incurrir en una imprudencia profesional por las lesiones o el fallecimiento sufrido». Sin embargo, el magistrado ha destacado que «no toda actuación culposa de la que se deriva un resultado dañoso debe dar lugar a responsabilidad penal».
Asimismo, el juzgado ha indicado que procede «investigar inicialmente si existieron acciones u omisiones que hayan provocado el fallecimiento» de una de las usuarias «o si existieron acciones u omisiones negligentes en el contagio» de la segunda, «teniendo en cuenta las especiales circunstancias durante la pandemia».Por ello, se ha admitido la querella a trámite y se ha incoado el correspondiente procedimiento de diligencias previas.
CRÍTICAS DE LA FEDERACIÓN DE FAMILIARES
Por su parte, la Federación Gallega de Usuarios y Familiares de Residencias y Dependencia (Rede) ha lamentado que, desde que la marca DomusVi se ha apropiado de los centros Geriatros y SARquavitae, «se ha producido un sensible deterioro de la calidad de los servicios asistenciales y sanitarios».
También ha acusado al centro de Aldán de «ocultar casos de sarna entre los usuarios a las puertas de la pandemia» y ha denunciado que más del 70% de sus residentes contrajeron COVID-19.
La federación ha afirmado además que los hechos descritos en esta querella son similares a los ocurridos en distintas residencias de Galicia, «especialmente en la compañía DomusVi», en los que fallecieron «el 50%» de las personas que murieron en este tipo de centros. Del mismo modo, ha apuntado que la familia de una usuaria del centro coruñés DomusVi Matogrande fallecida por coronavirus también ha presentado una querella y ha acusado a la Xunta de no aportar «cifras veraces» sobre el número de fallecidos en residencias.
Desde el comienzo del estado de alarma, se abrieron 12 diligencias de investigación penal relacionadas con los contagios en residencias de Galicia, de las que seis se cerraron. Así, permanecen seis abiertas y se investigan cuatro centros de A Coruña y cuatro de Ourense.
