El Pleno del Congreso ha convalidado este miércoles el decreto ley que amplió hasta el 30 de septiembre los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor derivados por la crisis del virus Covid-19.

Asimismo, la Cámara Baja ha votado casi por unanimidad, menos por un voto negativo emitido telemáticamente, la tramitación del decreto como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, lo que habilita a los grupos a presentar enmiendas con las que buscar su modificación.

En vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Constitución exige que en el plazo de un mes los decretos leyes deban ser debatidos y votados en el Congreso para decidir si se convalidan o se derogan.

El decreto ley fue aprobado por el Gobierno el pasado 26 de junio para prorrogar hasta el 30 de septiembre los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) asociados al Covid-19 y la prestación extraordinaria para autónomos cuya actividad se haya visto mermada con la crisis, así como la creación de un nuevo fondo de garantías para la gran industria.

Las prórrogas de estas medidas laborales son fruto de las negociaciones que ha mantenido el Gobierno, en el caso de los ERTE con CC.OO., UGT, CEOE y Cepyme y, en el caso de la protección a las personas autónomas, con ATA, UPTA y Uatae.

Con el decreto ley, se mantiene la protección reforzada en el anterior acuerdo para las personas afectadas por ERTE derivados del Covid-19, sean de fuerza mayor total o parcial o basados en causas productivas o tramitados en caso de rebrote; se crea la figura del ERTE de transición para empresas que aún tengan problemas para reiniciar la actividad; y se incluye un nuevo tipo de ERTE para posibles cierres como consecuencia de un rebrote.

Durante su intervención en el Congreso, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido la convalidación de la prórroga y ha instado a la Cámara a que se «alienten grandes acuerdos» para que la recuperación siga su curso y el país salga fortalecido de la pandemia.

Para Díaz, se trata de una norma que contribuirá a la reactivación económica, pero también es un compromiso con las personas y las empresas.

«Esta norma surge en un momento crítico en el que el objetivo no es solo resolver un problema más, sino consolidar trabajos, profesiones, empresas e industrias para que sean capaces de crear riqueza, asegurar derechos, reconocer esfuerzos y construir un modelo que refleje la solidaridad colectiva que hemos construido desde la pandemia», ha dicho la ministra.

Asimismo, ha puesto en valor que el decreto de ampliación de los ERTEs cuenta con la alianza de los interlocutores sociales y sus contribuciones a los debates. «Esta Cámara debe recoger su testigo», ha añadido.

En el debate, los grupos, como posteriormente se ha comprobado por los votos a favor, han coincidido en la necesidad de que el Real Decreto se tramitase como proyecto de ley.

Desde el Grupo Parlamentario Popular, Carolina España se ha preguntado qué va a pasar después del día 30 de septiembre y ha señalado que si los empresarios tendrán que esperar hasta el día 24 de ese mes para conocer qué va a pasar con esta herramienta. «Hay que prolongar los ERTE hasta finales de año o incluso hasta el año que viene», ha señalado, tras apuntar que apoyaría el texto porque estaba pactado en el marco del diálogo social.

Desde Unidas Podemos, el diputado Alberto Rodríguez ha afirmado que el texto recoge cosas «de sentido común» y ha puesto en valor lo necesario que es hablar de la fragilidad de los contratos de trabajo. Según Rodríguez, «esto solo se hace legislando y cambiando el modelo productivo español».

El diputado de Vox Juan José Aizcorbe ha acusado al Gobierno de promover la inseguridad jurídica y ha dejado claro que son necesarios «otros sindicatos», que aboguen por el crecimiento de las empresas y que «no sean partidistas». «Este Gobierno de la ineficacia, de la falta de control y de la inseguridad jurídica está llevando al país a la ruina. Atienda los problemas de la España real y deje de pensar en las elecciones gallegas y en sus políticas trasnochadas», ha dicho durante su intervención.

El diputado del Grupo Mixto perteneciente a Unión del Pueblo Navarro, Sergio Sayas, ha pedido al Gobierno que deje de lado los «parches» y haga algo duradero. «Nadie cree que el 30 de septiembre estemos en la normalidad, estamos alarmados con los rebrotes del virus que estamos viendo», ha añadido, tras pedir al Gobierno que «aparque la insensatez» de subir los impuestos.

Desde EH-Bildu, Oskar Matute ha insistido en que su partido seguirá pidiendo «el fin» de la reforma laboral, porque eso «si es consolidar el empleo y promover el empleo de calidad». «Estaría bien consolidar empresas que no se vayan luego después de llevarse un montón de ayudas públicas», ha añadido.

El diputado de PNV Íñigo Barandiarán ha dejado claro que algunas de las medidas puestas en marcha por la pandemia «han dejado de ser temporales» y se deberían convertir en estructurales. Asimismo, ha resaltado que la formación es «clave» en el futuro próximo.

María Muñoz, diputada por Ciudadanos, ha pedido más flexibilización, ya que cree que «está funcionando» y que «cuanto más duren los ERTEs, más eficaces serán». Además, ha pedido al Gobierno que haga autocrítica y que trabaje de manera «incansable» para aunar esfuerzos y que no se repitan errores.

De su lado, Genís Boadella, diputado del Grupo Plural perteneciente a Junts per Catalunya, ha insistido en que la participación de los partidos va a mejorar la norma, en línea con lo aportado por el diputado de Esquerra Jordi Salvador, que ha dejado claro que su grupo «meterá mociones».