La Xunta y el comité de empresa de Alu Ibérica exigirán al Gobierno central, en un escrito conjunto, que realice una auditoría «financiera y técnica» de la empresa para garantizar la producción de aluminio primario y el mantenimiento de los más de 300 empleos de la planta de A Coruña.
Tras una reunión en la sede de la Delegación de la Xunta en A Coruña, en la que participó el presidente de la Xunta en funciones, Alberto Núñez Feijóo, el conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, ha defendido que es «necesario» que se estudie «el grado de cumplimiento de los compromisos» alcanzados en julio de 2019 entre Partner y Alcoa y también que se «garantice el cumplimiento del acuerdo hasta julio de 2021».
En declaraciones a los medios, el conselleiro ha vuelto a pedir también al Ejecutivo estatal que se establezca un precio de la energía «competitivo, en igualdad de condiciones con el resto de países europeos» que permita la producción de aluminio primario y un proyecto industrial de futuro. «No solo hasta 2021», ha subrayado Conde.
Después de tres horas de encuentro entre representantes del Gobierno gallego y de los trabajadores, el responsable autonómico también anunció la decisión de pedir a la mesa del diálogo social a nivel estatal que negocie las condiciones para «garantizar» el futuro de las industrias electrointensivas.
Conde descarta que la Xunta realice la auditoría porque, ha remarcado, «el Ministerio de Industria fue el garante del acuerdo así que es el que conoce su alcance, no solo en la planta de A Coruña sino también en la de Avilés». De este modo, el conselleiro cree que solo el Gobierno estatal tiene «legitimidad» para hacer el estudio.
SITUACIÓN «BASTANTE CRÍTICA»
El presidente del comité de empresa de Alu Ibérica, Juan Carlos López Corbacho, ha denunciado, tras la reunión, que la situación es «bastante crítica» y «muy peligrosa» y culpa de la misma «a la falta de un precio de la electricidad competitivo». También apunta a un «problema empresarial», por lo que exige al Gobierno «clarificarlo».
Según el representante de los trabajadores, con la auditoría que exigen habría «toda la información posible para determinar las distintas responsabilidades que haya en esta situación». Es necesario, ha agregado, que el proceso vuelva «al kilómetro cero» para que, dijo, «el perjuicio no recaiga solo en los trabajadores».
Corbacho pidió que se «ancle» el proyecto industrial en Galicia y, para ello, considera que es fundamental el «compromiso» del Gobierno central y la «colaboración» de la Xunta. «La industria electrointensiva es estratégica para el país y más en estos momentos», ha zanjado.
