Representantes sindicales de los trabajadores de los centros de Política Social han entregado este jueves en la Xunta 2.500 firmas recogidas para reclamar que la Administración gallega abra una mesa de diálogo que permita recuperar «los derechos robados» desde el año 2012 y mejorar sus condiciones laborales.

Con esta acción, los trabajadores continúan sus reivindicaciones en relación a los derechos «suspendidos» desde el año 2012 y «ante la negativa de la Xunta a atender» sus reclamaciones «legítimas», que pasan por «conseguir unas mejores condiciones de trabajo», según ha explicado a Europa Press el representante de la CIG, Uxío Zabala.

En esta línea, Fina Martínez, de UGT, ha querido «denunciar públicamente» la «sordera selectiva» de la conselleira de Política Social, Fabiola García, que, tras siete semanas de concentraciones de protesta ante los centros de trabajo «sigue sin escuchar» a los trabajadores y «sin convocarlos a una mesa» de negociación.

La representante de UGT, que ha garantizado que seguirán «reclamando los derechos robados», ha acusado también a la Administración gallega de «falta de organización, previsión y control» en sus centros, incluidas las residencias de A Mariña, donde «se siguen dando órdenes de trabajo vía Whatsapp y no a través de una resolución, que es como tendría que ser».

Carmen Soengas, de CSIF, ha incidido en el esfuerzo realizado por todo el personal de los centros de Política Social durante la pandemia y ha pedido que la consellería «deje de castigar» a los trabajadores, cuya «profesionalidad está más que demostrada».

«Somos una cadena y no falló ningún eslabón, si hubiese fallado, habría bastantes contagios», ha explicado Soengas a Europa Press, en referencia a la baja incidencia del virus en las residencias de gestión pública. Ante ello, ha reclamado que se atiendan sus reivindicaciones, que no pasan por «nada nuevo», ni «por un premio», si no por «recuperar los derechos» suspendidos desde 2012.

LA CONSELLEIRA, «INHABILITADA»

También Emilio Doforno, de CC.OO., ha cargado contra la conselleira de Política Social que, ha dicho, «está inhabilitada» para seguir en el cargo, dado que, «después de siete jueves de movilizaciones y pidiendo que se abra una mesa de negociación, no se ha dignado siquiera a contestar o interesarse por este conflicto».

«Si el día 12 no la cesan los ciudadanos, queremos pensar que tampoco va a seguir siendo conselleira a partir del día 12 una persona que escurre el bulto y no quiere saber nada de resolver un conflicto que, desde el año 2012, tiene recortados los derechos de estos trabajadores», ha subrayado Doforno.

El representante de CC.OO. ha indicado que el colectivo, que también protesta por contratos «en precario», trabaja «domingos y festivos sin compensación» y ha comparado esta situación con la de trabajadores de residencias privadas o incluso de Mercadona, donde un acuerdo permite disfrutar de «tres días libres a la semana».

Por ello, ha criticado «que eso lo hagan las empresas privadas» mientras «la administración sigue instalándose en el negacionismo y la discriminación».