Dos de los testigos citados en el juicio del Pazo de Meirás para dirimir si, como sostiene la Abogacía del Estado, es un bien público o una propiedad privada como argumenta la familia Franco, han ratificado la prestación de servicios en el inmueble por parte de personal de administraciones hasta la muerte del dictador y en el caso de agentes de la Guardia Civil en años posteriores.

Así lo ha manifestado un vecino de Meirás, que ha explicado que había guardias civiles vigilando el inmueble, una tarea que en este caso se mantuvo hasta la década de los ochenta, así como «trabajadores de la Comandancia de obras y jardineros del Ayuntamiento de A Coruña para preparar el pazo», ha dicho sobre las semanas previas a la llegada de Franco y su familia en los meses de verano.

Este testigo ha expuesto que, tras el fallecimiento de Franco, se mantuvo en años posteriores la función de vigilar por parte de los guardias civiles desplazados al mismo, a los que se sumaban los guardias hortelanos, el último fue también un agente de la Guardia Civil que estuvo desde 1982 hasta 1990.

Otro testigo, funcionario del Ayuntamiento de A Coruña, ha apuntado que en la década de los 60 «y algunos años de los 70» los bomberos de esta ciudad «llevaban agua al pazo» y participaron en las labores de extinción del fuego de 1978. «Había cinco o seis salidas», ha dicho sobre los desplazamientos de los bomberos antes del incendio, pero también de jardineros y, en algún caso, canteros.

(HABRÁ AMPLIACIÓN CON FOTO)