El alcalde de Santiago de Compostela, Xosé Sánchez Bugallo, ha animado este viernes a los ciudadanos a «decir algo» si se encuentran en un lugar público en el que no se están cumpliendo las normas contra la COVID-19 y pide asumir la responsabilidad «personal y colectiva» para evitar retrocesos.

«Si vemos que en algún sitio no se respetan las normas, hay que decir algo, por que el problema lo tenemos todos», manifestó en una rueda de prensa, en la que advirtió de que, si se produce un brote, las consecuencias económicas pueden ser «terribles». «¿Cómo va a funcionar este verano A Mariña?», se preguntó, en alusión al rebrote registrado en esta comarca de Lugo.

Bugallo replicó de esta manera a preguntas sobre si la Policía Local controlará y multará a personas que no estén cumpliendo con el uso de mascarilla en los lugares en los que se requiere. «Hacemos todo lo que podemos. Mal vamos si los ciudadanos traspasamos la responsabilidad personal y colectiva, que afecta a la salud, al empleo y a nuestra calidad de vida, a la policía», expuso.

«Si veo a alguien sin mascarilla, me parece muy normal que diga: ‘Oye, te olvidas la mascarilla'», manifestó y argumentó que los agentes «no tienen capacidad para controlar a 97.000 compostelanos, además de a turistas».

Respecto a los locales de ocio nocturno, Bugallo se pronunció en la misma línea y pidió responsabilidad a los propietarios de los negocios y colaboración entre los tres cuerpos policiales –nacional, autonómico y local– con competencias en la ciudad.

CONFLICTO EN LA ESCUELA DE MÚSICA

El alcalde se refirió al conflicto en la Escuela de Música, de la que dijo que la actual corporación recibió «una auténtica bomba de relojería». Existen, dijo, «dos dificultades», una de tesorería que calcula que estará resuelta a mediados de este mes y otra «estructural» derivada del concurso para la adjudicación.

El convenio colectivo de los trabajadores, señaló, no recogía entre sus cláusulas que la nueva concesionaria tuviese que «recoger» al personal. El Ayuntamiento se expuso al riesgo de reclamación judicial al dejar sin efecto la adjudicación para «intentar resolver el problema» de los trabajadores, defendió Bugallo.

Los trabajadores «no serían justos» si no reconociesen que, «en buena medida», se ha llegado a «este lío» por «intentar resolver esta situación». Ahora se está preparando un nuevo pliego de condiciones que confían en que esté listo este mes. El Ayuntamiento, agregó, busca el respaldo jurídico para subrogar los contratos.