La Audiencia Provincial de A Coruña ha dictado un auto en el que desestima la apelación interpuesta por el Parlamento de Galicia contra un auto previo del juzgado de instrucción de Santiago, que ratificaba el archivo de las actuaciones contra un funcionario de Vigo, encausado por no comparecer en la comisión de investigación puesta en marcha con motivo del accidente ocurrido en agosto de 2018 en el festival O Marisquiño.

Por esa incomparecencia, la Fiscalía presentó denuncia contra ese funcionario, el secretario municipal, por un supuesto delito de desobediencia, pero el juzgado de instrucción archivó la causa al entender que el funcionario no actuó con dolo y argumentó su decisión.

El Parlamento recurrió el archivo y su recurso de reforma fue desestimado, por lo que presentó recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de A Coruña, que ahora también lo ha desestimado.

En este caso, el tribunal provincial hace hace constar como argumento para rechazar el recurso que, en primer lugar, el investigado «no se limitó, sin más, a no atender los requerimientos» de comparecer en la comisión, sino que «contestó expresamente» y alegó las explicaciones que consideró oportunas (y que la Audiencia no analiza).

En segundo lugar, expone la Audiencia, el Parlamento no ha procedido conforme se establece en su reglamento, donde se recoge que si un funcionario citado no comparece, el presidente de la Cámara «lo comunicará a la autoridad o al funcionario superior correspondiente por si fuera procedente exigirles alguna responsabilidad».

Este paso no se dió por parte del Parlamento, que acudió directamente a la vía penal «sin considerar efectuar aquella comunicación», por lo que se ha acordado la desestimación.

VALORACIÓN DE ABEL CABALLERO

A pesar de que la Audiencia no se pronuncia sobre la procedencia o no de que el secretario municipal compareciese en la comisión de investigación de O Marisquiño, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha valorado el auto como un «varapalo» al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al que acusa de haber promovido esa comisión «política y espúrea» para perjudicar al gobierno vigués.

Según ha interpretado el regidor, cuando se creó la comisión se cometió una «grave usurpación de funciones del Ayuntamiento» olívico, la institución que estaría facultada para indagar sobre el accidente (a pesar de ello, en su día el gobierno local se opuso a crear una comisión municipal porque no había «nada que investigar» en el ámbito político y lo ocurrido era ya objeto de procedimiento judicial).

Caballero ha defendido que el secretario municipal no compareciese en la comisión del Parlamento y ha criticado la «osadía» de la Cámara por denunciarlo. «Ahora el juez y el fiscal coinciden en que no fue un acto de rebeldía, sino que estaba justificado por las normas», ha afirmado, y ha denunciado que se intentó «presionar y coaccionar» al secretario municipal.

Para el alcalde, la Audiencia «avala» esa actuación del funcionario y, además, ha recordado que hay un dictamen del Consejo de Estado que refrenda que «las comisiones de los parlamentos no pueden tratar temas municipales». «Esto es un gravísimo varapalo a Feijóo, censurado por el Consejo de Estado y por los tribunales, y todavía se presenta a las elecciones», ha proclamado.