La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ha recibido el escrito presentado por la defensa del ex director general de la petrolera mexicana Pemex Emilio Lozoya Austin en la que acepta su extradición a México, debe decidir ahora si en virtud del convenio de extradición existente entre ambos países es posible llevarla a cabo manera simplificada –sin que tenga que ser aprobada por el Consejo de Ministros– o no, según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.

Lozoya –impulsor de la compra del astillero vigués Barreras por parte de la petrolera mexicana– permanece en prisión provisional incondicional y comunicada, tal y como decretó el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, desde febrero, cuando fue detenido en Málaga en virtud de una Orden Internacional de Detención emitida por las autoridades mexicanas.

De hecho este mismo martes, el fiscal general de México, Alejandro Gertz, informó en rueda de prensa de que Lozoya había presentado el lunes su solicitud por escrito en la que aceptaba la extradición requerida por la Fiscalía General.

El jefe del Ministerio Público explicó que, además de dar «su consentimiento expreso para ser entregado a las autoridades mexicanas», Lozoya ofreció «su colaboración para establecer y esclarecer los hechos que le han sido imputados».

El que fuera directivo de la petrolera fue requerido por su país para responder por un presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, equivalente al blanqueo de capitales en España, y que comprende una pena máxima prevista de 15 años de prisión.

Tal y como indicaba el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 en su auto, el delito del que se le acusa a Lozoya llevaría aparejadas penas de privación de libertad de carácter grave según el Código Penal español, por lo que «ante la existencia de un fundado riesgo de fuga» en caso de que ser puesto en libertad procedía acordar la medida cautelar de prisión provisional, comunicada y sin fianza.

En concreteo, está siendo investigado en México por recibir presuntamente 10 millones de dólares de forma fraudulenta de la constructora Odebrecth, implicada en múltiples casos de corrupción en el continente americano. Se le imputan delitos de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por ello, las autoridades mexicanas habían emitido una orden de búsqueda y captura a través de Interpol.

Además, los investigadores judiciales en México le acusan de proporcionar información falsa sobre su declaración patrimonial al haber omitido en más de una ocasión una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos, según informaba ‘El Heraldo de México’.

ARRESTADO EN MÁLAGA

El arresto se produjo en los alrededores de una urbanización de Málaga por la Policía Nacional en una operación en la que participaron agentes del Grupo de Localización de Fugitivos Internacionales de la Comisaría General de Policía Judicial y de la Udyco de la Comisaría Provincial de Málaga.

Las autoridades mexicanas iniciaron una búsqueda internacional para detenerle tras fugarse en mayo de 2019 cuando su nombre apareció como presunto responsable de un entramado de corrupción por actividades llevadas a cabo durante los años 2012 y 2013, cuando ejercía como director general de la petrolera mexicana PEMEX.

Fruto de la colaboración entre la Fiscalía mexicana y la Policía Nacional se obtuvieron indicios que situaban al fugitivo en diferentes localidades españolas, si bien el alto poder adquisitivo y sus lazos internacionales complicaban su localización.

ENTRADA DE PEMEX EN HIJOS DE J. BARRERAS

En septiembre de 2012, Pemex y la Xunta de Galicia anunciaban la firma de los contratos para la construcción de dos floteles (uno en Barreras y otro en Navantia-Ferrol) y, algo más de un año después, a propuesta de Emilio Lozoya, el Consejo de Administración de PMI (filial de la petrolera mexicana) aprobó la compra del 51 por ciento de las acciones del astillero vigués por 5,1 millones de euros.

Esta compra, apadrinada por el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo (en cuya agenda pública figuraron encuentros con Lozoya en 2013 y 2014), se escenificó en diciembre de 2013, en una visita de mandatarios de la empresa mexicana a Vigo. En esa visita, se anunciaron varios contratos más, que nunca llegaron a hacerse realidad (un atunero, tres ‘buques-tanque’ y otras tres unidades que tampoco se concretaron).

Más tarde, la bajada del precio del petróleo y el cambio de gobierno en México, donde el presidente López Obrador anunció la revisión de contratos y una investigación sobre la «corrupción» en la petrolera, hicieron que el astillero vigués se convirtiera en un quebradero de cabeza para Pemex.

De hecho, la estatal azteca ha trasladado su intención de deshacerse de las acciones, y recuperar los 5,1 millones de euros, así como los 8 millones depositados en garantías.