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El Gobierno exige a Alcoa devolver más de 800 millones en ayudas si no garantiza el empleo en San Cibrao

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El Gobierno exigirá a Alcoa la devolución de los más de 800 millones de euros recibidos en ayudas en la última década, más los intereses de demora, si no cumple con su compromiso de garantizar el empleo en la planta de San Cibrao, en el municipio de Cervo (Lugo), según ha anunciado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

En la sesión plenaria en el Senado, Maroto ha señalado que el Ejecutivo acaba de requerir a Alcoa esas ayudas, «que estaban condicionadas al mantenimiento del empleo». «Si no cumple con este requisito del mantenimiento del empleo, vamos a exigirle la devolución de las ayudas y de los intereses de demora correspondientes», afirmó.

La titular de Industria indicó que la multinacional estadounidense ha percibido en los últimos dos años 37 millones de euros en compensaciones de CO2, ayudas que en los últimos diez años ascienden hasta esos más de 800 millones de euros.

Alcoa decidió la pasada semana iniciar el período formal de consultas en el proceso de despido colectivo de 534 trabajadores de la fábrica de aluminio de San Cibrao, en un proceso de 30 días naturales que terminará el 24 de julio.

Así, Maroto defendió que desde «el primer momento» el Gobierno de España ha demostrado «su compromiso por mantener las capacidades productivas y el empleo en Alcoa y en el conjunto de la industria en el país», con instrumentos de apoyo al sector, especialmente a la electrointensiva, para mantener su competitividad. «Se han movilizado muchos recursos, especialmente en Galicia y siendo Alcoa la principal beneficiaria», añadió al respecto.

PLAN INDUSTRIAL

De esta manera, subrayó que el compromiso se manifiesta «con hechos, no con palabras», y puso en valor el diálogo «permanente» mantenido tanto con Alcoa como con los trabajadores para encontrar una solución.

Así, ha destacado que en la última de las mesas el Gobierno llegó a presentar un plan industrial para la planta que garantiza su viabilidad durante 10 años y solicitó así la retirada del expediente de regulación de empleo (ERE).

«Estamos haciendo todo lo posible para mantener el empleo y las capacidades industriales en San Cibrao, y es el momento de estar todos unidos. Esperamos tener a todas las fuerzas políticas a nuestro lado y exigir a la empresa que mantenga su compromiso con A Mariña, con Galicia y con España», afirmó.

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