La calidad de vida de los enfermeros españoles ha empeorado significativamente durante la emergencia sanitaria del COVID-19, ya que «las duras condiciones laborales y profesionales que habitualmente sufren se han visto agravadas a la hora de atender y cuidar a las miles de personas afectadas por este problema de salud pública», según un análisis realizado por Sondea para el Sindicato de Enfermería (Satse), tras realizar una encuesta a finales de mayo y principios de junio a un total de 8.218 enfermeros.

En concreto, la calidad de vida percibida por los enfermeros encuestados desciende en 2,45 puntos de media si se compara con la situación anterior a la crisis sanitaria motivada por la expansión del COVID-19, pasando a menos de un aprobado (4,80 puntos sobre 10).

En concreto, el análisis realizado por la empresa Sondea concluye que se ha incrementado el porcentaje de enfermeros que puntúan su calidad de vida actual con la menor calificación (de 0 a 4), pasando del 8,06 por ciento al 41,60 por ciento.

Otro de los resultados del análisis realizado por la empresa Sondea se refiere a los problemas que han tenido para conciliar su vida laboral con la personal, y concluye que solamente a un 17,53 por ciento del 55,04 por ciento de enfermeros con personas a su cargo, se les ha facilitado el cambio de turno para la conciliación, mientras que, por el contrario, a un 35,08 por ciento no se le ha facilitado, y un 2,44 por ciento ha tenido que ampliar su reducción de jornada.

Asimismo, del 54,38 por ciento de enfermeros consultadas que tienen hijos o hijas, el 15,73 por ciento señala que han encontrado dificultades para contratar a personas que cuidasen de ellos y ellas cuando tenían que irse a trabajar durante la pandemia del coronavirus.

De otro lado, durante estas semanas de emergencia sanitaria la mayoría de las personas encuestadas se han tenido que alojar en su domicilio habitual (94,90 por ciento), adoptando las medidas de seguridad necesarias para proteger a su familia; un 3,40 por ciento han podido hacerlo en una segunda residencia o vivienda vacía de un familiar y cerca del uno por ciento se han visto obligadas a pagar el hotel/ apartamento en el que se alojaron.