La conselleira de Política Social, Fabiola García, ha participado este jueves en el Consejo Territorial de servicios sociales y del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, presidido por el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y que ha aceptado la modificación del reparto del 0,7% del IRPF como pedía Galicia, que recibirá más fondos, hasta los 17,1 millones de euros.
Durante el encuentro, las comunidades autónomas han analizado la nueva propuesta de distribución de los fondos del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que modifica los criterios iniciales planteados por el Gobierno central teniendo en cuenta, entre otras cuestiones, las alegaciones de la Xunta.
Tal y como ha recordado el Gobierno gallego, los fondos derivados de la casilla social del IRPF se destinan a financiar iniciativas de las entidades sociales. En la propuesta inicial del Gobierno central, trasladada el 6 de mayo, la asignación para la Comunidad Autónoma de Galicia se incrementaba respecto al año pasado solo un 0,9%.
Sin embargo, y tras la reclamación trasladada por la Xunta, el Ejecutivo central ha «rectificado» esta intención inicial y propone elevar el incremento en la asignación gallega por encima del 22%.
El nuevo planteamiento de este reparto, que deberá ser confirmado y elevado al Consejo de Ministros en las próximas semanas, otorga más peso a la dispersión de la población en cada territorio, una cuestión que afecta de forma particular a la comunidad gallega.
Del mismo modo, el Gobierno central reconoce también que Galicia «está recibiendo menos fondos de los que le corresponderían» si se aplicaran estrictamente criterios objetivos. Si el Consejo de Ministros aprueba este nuevo reparto, la Xunta de Galicia pasaría en 2020 a distribuir entre las entidades sociales 17,1 millones de euros, en lugar de los 13,9 millones asignados en el año 2019.
INCREMENTO DEL PLAN CONCERTADO
Durante su intervención, la conselleira ha reclamado también un incremento del Plan Concertado, con el que se financian los servicios sociales municipales, ante la carga de trabajo que tienen sus profesionales y que se verá incrementada en las próximas semanas si asumen también la tramitación del Ingreso Mínimo Vital.
Asimismo, Fabiola García también ha incidido en la petición de flexibilidad en la gestión de los 16.000 millones de euros asignados a las comunidades autónomas, para poder responder a las «necesidades extraordinarias del tejido social» provocadas por la pandemia.
