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Galicia registró sesenta asesinatos machistas entre 2003 y 2019, según el Observatorio contra la Violencia de Género

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Galicia registró al menos sesenta feminicidios entre enero de 2003 y el 20 abril de 2019. El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ha publicado un estudio en el que se analizan los crímenes machistas ocurridos en el Estado, entre el momento en el que empezaron a contabilizarse las cifras de mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas y el día en el que este indicador llegó al millar de casos.

La mayoría de estos asesinatos machistas se han producido en las provincias de Pontevedra y A Coruña, las más pobladas del territorio, con 27 y 24 víctimas, respectivamente. Otros seis feminicidios se han registrado en Lugo y seis máis en Ourense.

La comunidad presenta una tasa de víctimas mortales que asciende a 2,9 al año, por cada millón de mujeres mayores de 15 años, mientras que la media estatal estaba en las 3,1.

Este indicador aumentó en la primera mitad del periodo analizado, hasta llegar a 3,6, aunque disminuyó en la segunda mitad hasta 2,7. Según las cifras del estudio, el dato es mayor en las zonas costeras (4,4) y menor en las del interior (2,5).

El informe revela también que la inmensa mayoría no había presentado denuncia contra su agresor, en concreto un 73,9 por ciento. No obstante, un 12,4 por ciento del total contaba con medidas de protección en vigor, mientras que el 60,5 por ciento de estas mujeres mantenía la convivencia con su agresor. DENUNCIAS PREVIAS

El porcentaje de denuncia previa oscila entre el 15,8% de 2005 y el 34,5% registrado en 2014. Las víctimas que denunciaron tenían una edad media de 38,9 años, algo inferior al promedio del conjunto (42,2 años).

El 32,8% de las mujeres que presentaron denuncia tenían entre 36 y 45 años; el 28,8%, entre 26 y 35 años; el 27,7%, entre 46 y 55 años y el 25%, entre 16 y 25 años.

El porcentaje de denunciantes es menor en edades avanzadas. El 17,6% presentaba entre 56 y 65 años y al 9,2% en el caso de las mayores de 65.

Entre enero de 2003 y abril de 2019, el promedio anual de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas ha sido de 61,3. Esta cifra aumenta hasta 68,3 si se tiene en cuenta solo la primera parte de ese periodo (2003 a 2010) y disminuye hasta 54,4 en la segunda mitad (2011 a 2018). El año más trágico ha sido 2008, con 76 víctimas mortales.

«Si comparamos el promedio anual de víctimas mortales pasaron de 68,3 mujeres asesinadas cada año entre 2003 a 2010 a 54,4 entre 2011 y 2019. Este dato nos permite albergar cierta esperanza y muestra que en España se está trabajando en la dirección correcta pero al mismo tiempo, nos indica que no podemos bajar la guardia», ha subrayado la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona.

EL PEOR MES FUE JULIO Y EL PEOR DÍA, EL DOMINGO

En cuanto al momento en que se cometieron los crímenes, el estudio muestra cómo el mayor número de ellos se concentraron en los meses de julio y enero, con 98 y 94 casos respectivamente, mientras que abril, con 72 muertes, fue el mes en el que menos feminicidios se produjeron. El peor día de la semana fue el domingo, con 172 casos.

La edad media de las víctimas mortales de la violencia machista en el periodo sometido a estudio fue de 42,2 años. En concreto, algo más de la mitad de las mil mujeres asesinadas (538) tenían entre 26 y 45 años, pese a que esta franja de edad solo representa un tercio de la población de mujeres mayores de 15 años. El 12,8 por ciento de las víctimas (128 mujeres) eran menores de 25 años; el 14,1 por ciento (141) tenían entre 46 y 55 años; el 7,4 por ciento (74) entre 56 y 65 años y el 11,9 por ciento (119) eran mayores de 65.

Entre las víctimas de nacionalidad española, el promedio de edad fue de 45,6 años, lo que supone casi diez años más que el de las extranjeras, que fue de 35,9 años. La mayoría de las mil mujeres asesinadas (655) eran españolas. De las 345 víctimas extranjeras, el 46,1% eran originarias de América Latina, seguidas por las procedentes de Europa (35,7 %), África (14,8 %) y Asia (3,5 %).

765 MENORES HUÉRFANOS

Por otro lado, el informe refleja que 765 menores han quedado huérfanos como consecuencia de la violencia de género en los años analizados en el estudio. De ellos, 499 eran hijos o hijas del agresor y los 266 restantes, fruto de relaciones anteriores o posteriores de la víctima.

Según precisa el Observatorio, este dato confirma que la maternidad es una de las circunstancias que aumentan el riesgo para las víctimas. En concreto, de los datos se desprende que tres de cada cuatro mujeres asesinadas entre 2003 y 2019 (el 75,2%) eran madres y en casi la mitad de los casos (49%) los hijos eran menores de edad.

Además, señala que la convivencia con el agresor es otro de los factores que aumentan el riesgo para la vida de las víctimas pues el 60,5% de las mil mujeres asesinadas mantenía la convivencia con su agresor en el momento en que ocurrieron los hechos, un porcentaje que aumenta hasta el 65% en la segunda mitad del periodo analizado. En 100 casos, la convivencia continuaba pese a la existencia de una denuncia previa y en 29, pese a estar activa alguna medida de protección para la víctima.

El 60,6% de los asesinatos fueron cometidos por la pareja con la que la víctima mantenía una relación cuando ocurrieron los hechos; en un tercio de los crímenes (27,8%) el autor fue la expareja y en el 11,6% de los casos el crimen se produjo durante una crisis o cuando la relación se encontraba en una situación transitoria.

«El informe concluye que la incidencia de la violencia machista fue superior en el mes de julio, que el peor día de la semana fue el domingo y que golpeó en mayor medida en las comunidades costeras, y confirma que la convivencia, la ruptura o la crisis de pareja y la maternidad son factores que incrementan el riesgo para la vida de la víctima», ha resumido la presidenta del Observatorio.

Ángeles Carmona ha asegurado que este informe permitirá «mejorar los instrumentos en la lucha contra la lacra» de la violencia machista pues permite «conocer el perfil del agresor, determinar las circunstancias que agravan el riesgo para las víctimas y detectar de forma más eficaz cuándo deben ponerse en marcha los mecanismos de protección».

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