El Gobierno aprobará en las próximas dos semanas el fondo español de reservas para garantías de entidades electrointensivas de apoyo a contratos bilaterales de energía a largo plazo, con el objetivo de reducir los costes energéticos para la producción industrial nacional.

Así lo ha avanzado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, durante su intervención en la comisión de Industria del Senado, donde también ha señalado que el Estatuto de Consumidores Electrointensivos estará listo ante de que acabe el verano.

La ministra ha señalado que ya se está ultimando la elaboración de este estatuto, asegurando que será una herramienta «clave» para asegurar un marco de certidumbre y estabilidad en el mercado energético y que beneficiará a más de 600 empresas.

Según consta en el anteproyecto de Ley por el que se crea esta figura, que será gestionada por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), cubrirá un total de 600 millones de euros para sus tres primeros años.

En concreto, el fondo estará dotado en conjunto con 200 millones de euros para cubrir como máximo 600 millones de inversión en tres años. En lo que se refiere a los años siguientes, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) determinarán cada año, a partir del cuarto, cantidades máximas a cubrir, y, en su caso, las ampliaciones del fondo.

Para reforzar el marco de certidumbre energético, el Ejecutivo también aprobará «en las próximas dos semanas» la creación del fondo de reserva para la gran industria electrointensiva que permitirá comprar energía ‘verde’ y regular los riesgos en las operaciones de compra de energía a largo plazo.

PACTO DE ESTADO POR LA INDUSTRIA

Maroto ha aprovechado la ocasión para destacar que la Comisión Europea ha incorporado al sector electrointensivo en el plan de reconstrucción europea ante el impacto provocado por el Covid-19, lo que supone reforzar la estrategia comunitaria para reforzar la industria.

En este sentido, la ministra ha abogado por un pacto por la industria del siglo XXI como una de las «líneas maestras» de la legislatura, defendiendo que se tendría que elevar a «política de estado», con vocación de «estabilidad, permanencia, certidumbre y compromiso presupuestario».

También ha apuntado a otras tres «prioridades estratégicas» de su Departamento, como el contexto internacional, en el que se activen las palancas de la sostenibilidad, apoyo financiero, digitalización, transición energética, empleo y brecha de género; el diálogo «sincero»; y el reforzamiento de las relaciones europeas y mundiales.