El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el presidente del TSXG, José María Gómez y Díaz-Castroverde, han presidido este miércoles la Comisión Mixta de Justicia, donde han acordado, de manera unánime, solicitar al Ministerio de Justicia la creación de tres Juzgados de lo Social en Galicia este año, concretamente, y por este orden, en Lugo, A Coruña y Vigo.
Tal y como ha dicho Alfonso Rueda, en estos momentos «es más necesario que nunca apostar por la jurisdicción Social y proponer que todos los órganos judiciales que se vayan a crear en Galicia sean órganos de lo Social». Bajo esta premisa, ha recordado la Xunta, Galicia solicitó ya el año pasado la creación de un Juzgado de los Social en Lugo, una petición que el ministerio «desatendió inexplicablemente».
En estos momentos, la jurisdicción del Social es «una de las que mayor carga de trabajo tiene», ha destacado el Gobierno gallego, «por lo que es preciso darle salida lo antes posible a los asuntos pendientes y a los que puedan entrar, ya que muchos afectan a miles de familias gallegas», como es el caso de los ERTE, derivados de la pandemia de COVID-19.
Aunque el Ministerio de Justicia solo asegura la creación de un órgano judicial en Galicia, la Xunta manifiesta su deseo de optar a más si otras comunidades renunciasen. Estos juzgados echarían a andar en cuanto sea posible, ha añadido Rueda.
CARRERA PROFESIONAL
Por otra parte, el director xeral de Xustiza, Juan José Martín, ha firmado este miércoles el acuerdo con las organizaciones sindicales SPJ-USO, UGT y CC.OO, que establece el sistema de carrera profesional del personal de la Administración de Justicia gallega.
En el mes de mayo del 2018, el Gobierno gallego y organizaciones sindicales SPJ-USO, UGT y CC.OO. firmaron un acuerdo que recogía una serie de mejoras de las condiciones de trabajo del personal al servicio de la Administración de Justicia en Galicia, que se iniciaron ya en ese momento.
Estas medidas fueron el incremento salarial de entre 122 y 140 euros, en función del cuerpo funcionarial de pertenencia, la consolidación de plazas de personal interino de refuerzo, la ampliación de los permisos de maternidad o paternidad o mejoras en los juzgados con competencias en materia de violencia de género.
Otra de las mejoras previstas en el acuerdo era el compromiso de la Xunta de articular la implantación de un sistema de carrera profesional que, en el marco legal que les es propio a los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, permitiese aplicar un reconocimiento de su trayectoria profesional en condiciones similares al del resto de empleados públicos.
PROTESTAS EN VIGO
Finalmente, el sindicato Alternativas da Xustiza-CUT ha emitido un comunicado este miércoles en el que acusa a la Xunta de «negarse a pagar» las prolongaciones de jornada realizadas por los trabajadores del Juzgado de Violencia de Género de Vigo durante el estado de alarma, y que fueron «de hasta 12 horas».
El sindicato recuerda la «inmediatez» con la que se trabaja en este juzgado, en el que «todo es urgente» y en el que «incluso el día de su entrada, se tienen que celebrar los juicios rápidos que vienen señalados por las fuerzas de seguridad. Esto supone, explican, la realización de numerosos trámites que «no pueden ser retrasados para el día siguiente».
La «prioridad por ley» de la celebración de los juicios rápidos, «provoca que el trabajo del día a día quede siempre en un segundo lugar». «El resto del trabajo de diario sale por el voluntarismo y tiempo dedicado por los trabajadores, una vez que sale lo más urgente», apuntan, al tiempo que inciden en los retrasos por falta de personal y las jornadas «de tarde» que amplían los funcionarios para sacar adelante el trabajo.
