Las necesidades de atención por el coronavirus se han multiplicado desde el mes de marzo. Cáritas Diocesana de Santiago ha advertido de las consecuencias de esta situación para las familias y para una crisis social que se ha ido agravando con los años, dado que muchas personas no se han recuperado todavía de la resaca de la recesión económica.

Las cinco interparroquiales han registrado un aumento del 43 por ciento de la atención y han desembolsado unos 125.289 euros en ayudas desde el 16 de marzo. A pesar de ello, las cifras serían aún mayores, puesto que este montante no incluye las acciones realizadas en las diferentes decenas de parroquias repartidas por el territorio.

Así lo ha explicado en rueda de prensa Anuncio Mouriño, el director diocesano, en la que hizo balance tanto de las pasadas semanas, de la actuación de la entidad durante el 2019 y de la situación en la que se encuentra, arrastrando déficit por segundo año consecutivo debido a la caída de las aportaciones, de lo recibido por el IRPF o de legados y herencias, entre otras.

Uno de los datos más «preocupantes» de esta pandemia es el de decenas de familias que habían recuperado su autonomía y salir adelante tras la crisis económica y que se han visto obligadas a volver a pedir ayuda.

En total, han sido 307 familias que ya habían recibido ayuda antes de 2018 y que han regresado a las interparroquiales. A ellas se unen otras 1.210 nuevas que han solicitado apoyo que, junto al resto que se mantuvieron la atención, suponen casi 14.000 personas. Las solicitudes telefónicas también han registrado un incremento notable, con más de 3.600 durante estas semanas.

Uno de los colectivos más vulnerables durante la pandemia ha sido el de las personas de origen extranjero, en situación de irregularidad administrativa en España, y sin apoyo sociofamiliar y sin derecho a prestaciones, que antes de la crisis se encontraba trabajando en la economía sumergida.

La mayoría, demandando la cobertura de necesidades básicas (alimentación y la medicación), y también, aunque en menor medida, el pago de alquileres.

CIUDADANOS «AL LÍMITE»

Todo ello ha implicado un desembolso económico superior a los 125.000 euros únicamente en estas últimas semanas, en el marco de una situación de déficit que vive Cáritas Diocesana de Santiago.

La entidad ha advertido de que vive una situación marcada por la falta de donaciones y de las contribuciones del IRPF, entre otras cuestiones, aunque también por un aumento de la aportación por parte del Gobierno gallego.

Mouriño considera que existe una falta de visibilización, que la gente es solidaria pero que cree que «ya no hay crisis» y que «no hay que ayudar», a pesar de que la recesión todavía se deja notar en un número importante de ciudadanos y familias.

Con la pandemia, ha advertido, mucha gente que quedado «alejada del camino» tanto por el desempleo, como por ERTEs que no se han podido cobrar, y que se mantiene «al límite».

En la otra cara de la moneda se encuentra el incremento de la colaboración con las administraciones locales, sobre todo en la atención de los ‘sin techo’ con acciones que tendrán continuidad en el futuro.

Cáritas Diocesana espera poder mantenerse en estas condiciones y ha asegurado que cuentan con la preocupación de la Consellería de Política Social, aunque ha censurado el escaso peso de Galicia en el reparto de los fondos del IRPF.

Mouriño también se ha referido al ingreso mínimo vital y ha esperado que sirva para «complementar lo que se está haciendo», con la RISGA y otras acciones, para que la carga económica de la atención no dependa tanto del llamado ‘tercer sector’.

SALDO NEGATIVO

El balance de 2019 evidencia, además, un saldo negativo de 228.729 euros, en un año en el que un total de 19.481 personas fueron atendidas por Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela.

La mayoría se dedicó a atención primaria y mayores, además de gestión y formación, aunque 400.000 euros se han dedicado a ayudas al pago de la vivienda, tanto de suministro energético como de alquileres y reparaciones.

Las mujeres representan el 54,66% de los atendidos, la mayoría de entre 40 y 65 años, españolas, y sin ingresos, pero que tienen que hacer frente al pago de un alquiler.