El Gobierno está trabajando con las comunidades autónomas para que los beneficiarios de las rentas mínimas de los distintos territorios puedan recibir también de oficio, es decir, sin necesidad de solicitarlo, el ingreso mínimo vital, al igual que lo recibirán los 76.000 hogares identificados por el Ejecutivo (255.000 personas, la mitad de ellas, niños) que recibirán de oficio el ingreso mínimo vital este mismo mes de junio.

«Estamos trabajando con las comunidades autónomas para que podamos recibir en bloque todos sus beneficiarios de rentas mínimas ya existentes, comprobemos si se dan las condiciones y poder hacer también un reconocimiento de oficio», ha explicado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, este lunes 8 de junio durante su comparecencia ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el Congreso de los Diputados.

Escrivá ha avanzado que ya han identificado a 76.000 hogares (unas 255.000 personas, la mitad de ellas, niños) que «inequívocamente» cumplen los requisitos para recibir la prestación y a los que, por tanto, se les va a dar de oficio, es decir, sin que lo soliciten previamente. El ministro ha indicado que a estos hogares se les reconocerá la prestación en «los próximos días» y la podrán cobrar «en junio».

Por otro lado, Escrivá ha anunciado que están cerca de firmar un convenio marco con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que les permita trabajar con los ayuntamientos, para que el ingreso mínimo llegue a todo el mundo, de forma que «los gastos presupuestarios en los que incurran para reforzar sus capacidades administrativas con este fin, estarán eximidos de la regla de gasto que les ha constreñido durante estos años».

Además, en relación a la colaboración con el Tercer Sector, el ministro ha precisado que las ONG, que están muy cerca de las personas más vulnerables que pueden ser beneficiarios de esta prestación, «podrán ayudarles a hacer la declaración e incluso ser sus representantes a través de los canales que se han establecido» para solicitarla.

Ante las críticas de varios diputados, como la de Ciudadanos Sara Giménez, sobre la exclusión de las personas con discapacidad de la posibilidad de acceder al ingreso mínimo vital, el ministro ha asegurado que «no se exige capacidad de obrar plena» y que, por tanto, «las personas con discapacidad podrán hacerlo», aunque no descarta «darle una vuelta».

En este sentido, Escrivá no ha descartado incluir a futuro dentro del ingreso mínimo vital la prestación que actualmente reciben las familias con hijos con discapacidad, al igual que ha ocurrido con la prestación por hijo a cargo. «No quiere decir que no lo repensemos en el futuro igual que hemos repensado la de hijo a cargo. Podemos darle una vuelta a la prestación de incapacidad, nos gastamos casi 1.000 millones de euros, quizá podamos focalizarla más en el futuro, incluirla dentro del paraguas del ingreso mínimo vital, haciendo que los recursos sean más eficaces», ha explicado.