El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Vigo ha estimado el recurso interpuesto por el Ayuntamiento olívico y ha declarado nula la sanción que le impuso la Xunta por una infracción grave, relacionada con el control sobre la concesionaria de abastecimiento de agua durante el período de sequía de 2017.

La autoridad sanitaria autonómica impuso una sanción de 10.500 euros al Ayuntamiento de Vigo por considerar que no había atendido a su obligación de revertir la situación de incumplimientos que se estaban detectando en los análisis de agua por parte de la concesionaria.

Sin embargo, el juzgado ha estimado que sí se tomaron medidas con motivo de la sequía, haciendo un mayor seguimiento y manteniendo contacto continuado con la empresa concesionaria. Según recoge la sentencia, también se hicieron análisis periódicos y se adoptaron medidas cuando se detectaron problemas de turbidez en el agua, se plantearon posibles soluciones para garantizar el abastecimiento, como el trasvase del Verdugo, y se establecieron restricciones en baldeos y otras actividades para garantizar el suministro para el consumo.

Por todo ello, el tribunal ha señalado que el Ayuntamiento no eludió su responsabilidad de controlar a la concesionaria, y ha estimado su recurso, declarando contraria a derecho la resolución sancionadora y declarándola nula.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha valorado esta resolución juidicial en una rueda de prensa en la que ha celebrado que «el juzgado da la razón» al Ayuntamiento y ha constatado que la sanción impuesta en 2017 fue una multa «política» propiciada por el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo.

«Ésta era la política de Feijóo en un momento tan grave. Fue difamando a Vigo por las televisiones de toda España, diciendo que el agua no era de calidad. Es un presidente indigno que propicia sanciones políticas. Aún recuerdo el dolor que me producía verlo en la televisión diciendo que el agua de Vigo no cumplía los requisitos», ha proclamado Caballero.