El Gobierno gallego ha elevado al Ejecutivo central la preocupación por la ocupación ilegal de viviendas en la comunidad y ha reclamado mayores garantías jurídicas para poder agilizar los desalojos en este tipo de situaciones.

Es uno de los asuntos llevados por la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, a la Conferencia Sectorial del ramo, convocada para analizar las medidas adoptadas en relación a la crisis del coronavirus.

Vázquez ha incidido en la creciente inquietud que está provocando la ocupación de viviendas entre las comunidades autónomas y, en particular, en el sector inmobiliario, y ha advertido que la llamada ‘Ley Desahucio Exprés’ resulta «insuficiente» para responder ante la situación en la actualidad.

La titular de Vivenda ha considerado «necesario» dar mayor seguridad jurídica a los alquileres para evitar nuevos casos, del mismo modo que una progresiva desincentivación de la salida del mercado de vivienda en régimen de alquiler.

Por ello, instó a adoptar «mayores garantías jurídicas» que permitan «agilizar los desalojos» de las viviendas ocupadas en el conjunto del país.

REMANTENTES

Por otro lado, instó al Estado a autorizar a la Xunta a utilizar los remanentes de crédito del Plan estatal de vivienda de 2019 y 2019, y que podrían destinarse a «ayudas al alquiler», entre otras posibilidades.

Vázquez ha lamentado que todavía no se recibiese la autorización expresa para utilizar dichos recursos, que suman casi cinco millones de euros que incrementarían la «escasa» financiación habilitada por el Estado para las ayudas contra el impacto del coronavirus.