La Xunta considera que «la intervención» que el Gobierno debe realizar para garantizar el futuro de Alcoa San Cibrao y sus puestos de trabajo pasa por aprobar un marco energético que aporte «estabilidad» y «competitividad» a la producción en A Mariña poniendo en marcha un «plan de reactivación» para el sector electrointensivo empleando los 140.000 millones del fondo europeo para la reactivación de la economía tras la pandemia.

Esta ha sido la postura defendida por el conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, durante su comparecencia ante la Diputación Permanente del Parlamento gallego, que ha sido afeada por los grupos de la oposición, que consideraban que quien debía acudir al órgano interino del Legislativo autonómico era el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al que han acusado de «esconderse» de su responsabilidad por la «crisis industrial» en Galicia.

Conde ha responsabilizado al Gobierno central que preside Pedro Sánchez desde hace dos años de la situación la planta de Alcoa en San Cibrao, en Cervo (Lugo), en la que la multinacional del aluminio planea un despido colectivo que afecta a 534 trabajadores al querer prescindir de la factoría de aluminio primario.

«Llevamos dos años advirtiendo que esto podía pasar», ha señalado el responable de Economía que defiende «la actitud constructiva y leal» que, dice, ha mantenido el gobierno del que forma parte desde la llegada del Partido Socialista a La Moncloa, momento en el que, según la Xunta, hubo un cambio «ideológico» en la Adminstración central en política energética que ha puesto en peligro al sector electrointensivo.

«Si el gobierno tiene tomada la decisión de cerrar las fábricas de aluminio primario, como quiere con las térmicas, que no pierda el tiempo y que dé una explicación», ha incidido el conselleiro, que, en la línea de lo expresado por la Xunta a lo largo de los últimos días, ha subrayado que se trata de un problema «técnico», el precio de la energía, que requiere de «voluntad política» para su solución.

Conde ha señalado, como vía para encauzar la situación a corto plazo, la puja de ininterrumpibilidad del segundo trimestre, lo que representa una «alternativa» para abaratar el precio de la energía y que la industria electrointensiva española «pueda competir» con Italia, Francia o Alemania.

Y es que ha apelado a que la puja sea «más realista» que la de este semestre, que fue «la más baja de la historia» y que hizo que «se incrementasen» el número de empresas que podían optar a los paquetes, «beneficiando» a las industrias de Cataluña y Euskadi.

Pero, además de esta puja, la Xunta considera que el Gobierno central ha de aprobar «ya» un estatuto del consumidor electrointensivo «que recoja» las alegaciones «de los trabajadores, de la Xunta y de los gobiernos de Cantabria y Asturias» para configurar «un precio estable y competitivo» de la energía. «No pedimos nada que no se esté regulando en otros países», ha apostillado.

A renglón seguido, ha recordado que entre las alegaciones presentadas figura un marco de bonficaciones y la «supresión» del ‘céntimo verde’ del carbón, reducciones de cargas y peajes en las tarifas de acceso, «ampliar» las ayudas compensatorias para emisiones de CO2 hasta alcanzar «el máximo habilitado» o la creación «irrenunciable» de la categoría de ‘consumidor hiperelectrointensivo’.

FONDOS EUROPEOS

Además, la Xunta cree que el Gobierno central tiene la oportunidad de incluir, como ya ha anunciado con la automoción, al sector electrointensivo entre los proyectos a los que destinar el fondo de 140.000 millones de euros de la Unión Europea para la reactivación de la economía y la reconstrucción del tejido productivo.

«Está en su mano hacer un plan para el electrointensivo igual al que ha anunciado para la automoción. Esa es la intervención que tiene que hacer el Gobierno», ha incidido Conde, que ya en su último turno y tras apelar a los grupos a que hagan «frente común» con la Xunta para «defender a los trabajadores», ha demandado al Ejecutivo central que se implique con Alcoa como lo ha hecho con la continuidad de Nissan en Barcelona. «Sería muy duro ver cómo se encuentra una solución a la planta de Nissan y no a Alcoa».

OPOSICIÓN CARGA CONTRA XUNTA

No obstante, los grupos de la oposición –PSdeG, Común da Esquerda, BNG y mixto (En Marea)– han cargado contra una Xunta a la que ven sumida en la «inacción» en su política industrial y de limitarse a «culpar» al Gobierno central de «todos» los problemas de la economía gallega.

«La política económica e industrial del PP es insuficiente, ausente y negativa para el país», ha aseverado el líder socialista y portavoz en la Cámara del PSdeG, Gonzalo Caballero, que ha acusado a Francisco Conde de acudir a sede parlamentaria a «justificar» y «legitimar» el anuncio del despido de 534 personas efectuado por una empresa como Alcoa «que recibió millones en ayudas» a lo largo de los últimos años luego de ser «privatizada a precio de saldo» por el presidente popular José María Aznar.

«Ustedes (PP) entregaron al sector privado la antigua Inespal a coste de ganga cuando funcionaba. Ésa es la responsablidad y de eso hay que hablar. Aquella privatización fue el germen de todo lo que vino después», ha sentenciado el secretario xeral de los socialistas gallegos.

«Actúan como si no tuvieran ninguna responsabilidad de gobierno», ha asegurado Caballero, que ve en el debate sobre Alcoa «la tónica general» que mantiene la Xunta: «confrontar» con un Gobierno que, según el líder del PSdeG, ha destinado desde la llegada de Sánchez a La Moncloa 38 millones de euros en ayudas a Alcoa. «¿Cuánto aportó la Xunta para la modernización? Cero», ha añadido antes de prometer que, si el PSdeG llega al Gobierno gallego, «barajará» los niveles de intervención en Alcoa que sean «legal y económicamente viables».

Por su parte, el BNG apuesta por la nacionalización de Alcoa y la creación de una «tarifa eléctrica gallega» como vías para garantizar los puestos de trabajo de una planta cuya desaparición «condenaría a muerte» a «toda» la comarca de A Mariña luguesa.

Como vía para sufragar estas propuestas, la líder nacionalista, Ana Pontón, ha señalado los citados 140.000 millones de fondos europeos que recibirá España para reactivar la economía. Pontón también ha aprovechado para demandar a Feijóo que deje de «echar balones» fuera y «asuma su responsabilidad», al tiempo que ha instado a PP y PSOE a abandonar su «pimpampúm» porque así «no se salvarán» los puestos que dependen de la industria gallega.

«La gente non va a olvidar que el PP lleva once años gobernando este país sin poner encima de la mesa ninguna solución para Alcoa, ni que regalaron la empresa a sus amiguetes a precio de saldo», ha sentenciado, por su parte, la diputada de Común da Esquerda Luca Chao, que ha puesto el foco en el proceso de privatización de una empresa «rentable» como Inespal durante la etapa de Aznar en La Moncloa.

«Ningún gobierno cierra Alcoa, esta es una decisión empresarial, pero es inaceptable porque se toma sin importar las consecuencias y tenemos que actuar», ha incidido Chao, que afirma que Feijóo no acude al Parlamento porque «no tiene una sola propuesta concreta» para abordar el problema más allá de «culpar» al Gobierno central.

Por su parte, Davide Rodríguez (grupo mixto) también se ha detenido en que, después de once años al frente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo «solo sabe echar la culpa a lo que pasa en Madrid» sobre los problemas de Galicia. Por ello, ha reclamado que el Estado entre en el capital de Alcoa como método para garantizar la continuidad de los puestos de trabajo y controlar que se haga buen uso de las inversiones públicas.