Los gobiernos autonómicos de Galicia, País Vasco, Castilla y León, Navarra, Aragón, la Comunidad Valenciana y Cataluña han acordado solicitar al Ejecutivo central la creación de un marco de diálogo para diseñar nuevas medidas de apoyo al sector de la automoción de una forma «coordinada».

Esta resolución se ha adoptado en el marco de un encuentro mantenido por videoconferencia este jueves por el conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, junto a consejeros de las seis comunidades que cuentan con plantas de producción de vehículos en sus territorios.

En concreto, el conselleiro ha incidido en la necesidad de que la «respuesta» que precisan la industria de la automoción y el empleo ligado a la misma se adopte de «una forma coordinada».

Así, ha señalado que las siete comunidades han desarrollado «una estrategia conjunta» para trasladar medidas concretas al Gobierno central que permitan favorecer la competitividad y el desarrollo del sector de automoción en España ante un contexto marcado por la «incertidumbre» en el consumo y la industria de vehículos.

En este sentido, Francisco Conde ha remarcado que resulta preciso que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez y las comunidades presenten «respuestas coordinadas» con el objetivo de aportar «certidumbre» y seguridad jurídica al sector.

En concreto, el titular autonómico de Industria ha señalado que se deben establecer medidas para incentivar el consumo de vehículos con el objetivo de que se incremente la demanda. También ha apostado por desarrollar iniciativas que permitan mejorar la competitividad de las empresas y su inversión en I+D y tecnología.

Así, ha insistido en la importancia de «preparar» el sector de automoción que cuenta con presencia en España para permitir que pueda «competir en igualdad de condiciones que otros territorios que ya tienen medidas adoptadas por sus gobiernos» en esta área.

Precisamente, el Gobierno francés ha anunciado recientemente un plan nacional para rescatar la automoción en ese país, dotado con 8.000 millones y condicionado, entre otros aspectos, a que los grandes constructores (PSA y Renault) relocalicen en Francia la producción de vehículos ‘verdes’, eléctricos e híbridos.