La plataforma Contraminacción anunciaba que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, manifestaba en su relatorio sobre España, la necesidad de cumplir «el respeto de los derechos ambientales mediante la supervisión y la restauración adecuadas de las instalaciones que requieran atención urgente, en particular las presas de estériles mineros abandonadas».

Entendía así Contraminacción, que el organismo internacional consideraba una situación de riesgo para las personas y el medio ambiente el estado del almacenaje de residuos sólidos y líquidos de explotaciones mineras. Dichos almacenajes, de no estar supervisados debidamente, pueden ser causa de estragos medioambientales, como ya había ocurrido en 1960 en San Finx. Por otra parte, en ese mismo documento a mención a la falta de transparencia informativa por parte de las autoridades públicas gallegas generó, para el organismo internacional, una obstrucción al “acceso a información ambiental crítica” sobre el estado de las balsas en Sano Finx.

FALTA DE TRANSPARENCIA

Contraminacción recordaba en un comunicado emitido el pasado 28 de enero, que el Alto Comisionado de la ONU había hecho mención en su relatorio la una investigación delante del Comité de Cumplimiento de la Convención de Aarhus, dependiente de las Naciones Unidas. La mención la este punto se basa en la correspondiente queja de colectivos sociales frente a la falta del que veían “falta de transparencia” por parte de las autoridades gallegas.

“Se habían presentado quejas porque no era posible acceder a la información sobre las balsas, y eso que existe un inventario estatal” dicen desde Contraminacción. Ante la dificultad de acceso a los informes, se pidió la investigación al Comité Aarhus.

El párrafo que señala la necesidad de cumplimiento de las medidas medioambientales señala que “ Center fuere Global Nonkilling (CGNK) recomendó que se garantizara el respeto de los derechos ambientales mediante la supervisión y la restauración adecuadas de las instalaciones que requerían atención urgente, en particular las presas de estériles de las minas abandonadas”. De esta manera fueron dos los incumplimientos por parte de las autoridades y propietarios de la mina. Falta de transparencia y falta de supervisión.

POSIBILIDAD DE ROTURA EN LAS BALSAS

La actividad volvió a San Finx entre 2016 y 2017 como señala Contraminacción, que añade que empresa actuante, Tungsten San Finx S.L., vinculada al grupo Sacyr, buscaba vaciar el agua de las galerías excavadas mediante su vertido al río Sano Finx. Augas de Galicia no autorizó la maniobra mientras pedía un plan de tratamiento de aguas. Contraminacción señala que actualmente las obras de vaciamiento están paralizadas.

No obstante, el actual estado que presentan las estructuras de contención de las balsas preocupan seriamente a colectivos y vecinos. En algunos casos las paredes presentan hendiduras por las que escapa líquido de color ferruginoso. Estas hendiduras vierten al río con la consecuente polución de las aguas. Steven Emerman, consultor de minería, había señalado ya el riesgo en 2019, cuando avisó de la licuación que estaba afectando a la estructura y a la resistencia de los muros de contención.

“La rotura de las balsas traería la contaminación de todo el río San Finx hasta la desembocadura en la ría de Noia, y la ría podría quedar contaminada por décadas” dicen en Contraminacción. El recorrido de un hipotético vertido serían ocho kilómetros que también afectarían a otras corrientes de agua que se unen al San Finx. Actualmente los componentes que circulan desde las balsas son metales pesados como el cadmio, zinc y cobre.

Ante una posibilidad así, se le pidió a la empresa concesionaria, que presentara un aval que permitiera cubrir los gastos ocasionados por un vertido incontrolado. “La cantidad que puso como aval fue de 168.000 euros para riesgos, cosa que vemos insuficiente”. Para las plataformas cívicas contrarias a las balsas, una catástrofe así “es incuantificable”.

La posibilidad de rotura y posterior vertido incontrolado de metales pesados, aguas residuales y sólidos estérilies, fue motivo de una proposición no de ley presentada por el grupo parlamentario PSdeG-PSOE. En el documento las diputadas firmantes, Patricia Vilán, María Dolores Toja, Raúl Fernández, María Luisa Pierres y el entonces portavoz del grupo, Xoaquín Fernández Leiceaga, apuntaban que en enero de 2017 el arroyo de San Finx «bajó teñido de naranja. Augas de Galicia realizó inspecciones y análisis, concluyendo que, aguas arriba de la explotación minera los arroyos bajan limpios». No obstante, el organismo público pudo comprobar que aguas abajo, «hay altas concentraciones de metales pesados y tóxicos». Como ejemplo, «los datos de cadmio muestran una multiplicación por 28 de los máximos permitidos» por las normas de calidad ambiental.

Galicia Confidencial se puso en contacto con Valoriza, pero sus números en nuestra comunidad están “apagados o fuera de cobertura”. Sacyr remitió a Valoriza Madrid, quién desde su gabinete de prensa hablaron de responder a los emails enviados desde GC. Aun no hay respuesta. También se contactó con la Consellería de Economía con sendos emails y llamadas telefónicas sin tener de momento respuestas. Se contactó con la alcaldesa de Lousame, término municipal donde se sitúan las balsas, pero desde el Ayuntamiento alegaron que estaba reunida cada vez que se llamaba.

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