La actual crisis sanitaria está detrás de una crisis económica mayor que la de 2008 según expertos económicos. Hace más de una década muchos países (buena parte de ellos presionados desde fuera) optaron por recortes, control de gasto y rebajas en pensiones y salarios públicos, la llamada “contención”. Ahora por el contrario, parece que los presupuestos expansivos, la ampliación de ciertas coberturas sociales y una actitud más “ benevolente” de la Unión Europea, entre otros organismos, buscan permitir la reactivación económica durante y sobre todo después de que pase “lo más gordo” del actual contexto sanitario, social y económico.

La recuperación pasa, según varios agentes sociales, por el aumento del poder adquisitivo de la mayoría. Inyectar dinero de tal manera que las familias no pasen por grandes dificultades y puedan superar el riesgo de pobreza. Una de las vías de “inyección” es la ampliación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que, junto con la implantación del Ingreso Mínimo Vital, permitiría cierta seguridad económica para amplias capas de la población. Aun así, las negociaciones para la subida del SMI no serán fáciles debido a las posturas antagónicas entre los agentes sociales.

¿ES EL MOMENTO?

Dentro de la Unión Europea veintiún países han fijado por ley un salario mínimo (Suecia, Finlandia, Austria, Chipre, Dinamarca e Italia, no lo tienen). La tendencia dentro de este grupo mayoritario es de, por lo menos, negociar el incremento paulatino del mínimo salarial. Está preparada la economía española y por extensión la gallega, para un incremento del SMI?

“No creemos que sea el momento para subir el SMI” dice Jorge Cebreiros de la Confederación de Empresarios de Pontevedra. “Ahora mismo hay empresarios y autónomos que no pueden afrontar subidas salariales debido a la situación de sus empresas”, de ahí que buena parte del tejido empresarial pida la congelación de los 950 euros actuales del SMI.

Desde CCOO, Maica Bouza, declara que “no entendemos por qué ahora (los empresarios) piden la congelación cuando el año pasado firmaron el acuerdo para subir a 1.000 euros por mes” más dos pagas extras. “Somos sensibles a la situación que pasan muchas empresas en estos momentos pero aun así se pueden buscar salidas negociadas” declara Bouza.

“¿Qué tejido empresarial tenemos que no puede soportar una subida de 9 euros por mes?” declara José Antonio García, secretario general de UGT Galicia. El secretario general de UGT en Galicia recuerda que a OIT declaraba que un salario mínimo es una extensión de la cobertura para las trabajadoras y trabajadores. ¿Por qué entonces las reticencias? “La subida afecta a sectores que aplaudimos durante esta crisis sanitaria, limpieza, trabajadoras de residencias para mayores y otros sectores a los que no quieren subir un paupérrimo 0.9%”.

Por su parte, la CIG creó el informe de Ingresos Salariais en Galiza en 2019. El documento “constata el aumento de las desigualdades entre las personas asalariadas, la importante pérdida de poder adquisitivo y el alarmante avance de la precariedad en la clase trabajadora gallega”. El informe también recoge que la pobreza se está extendiendo entre los y las trabajadoras en Galicia donde “9 de cada 10 contratos son temporales, más de medio millón de personas”.

Ricardo Castro, secretario general de la CUT, considera que las peticiones de congelación del SMI responden a la “presión de la patronal con la excusa de la COVID, que no hay trabajo o que están en ERES”. Aun más “ese es el discurso ahora, después volverá a ser con las consecuencias de la COVID y luego será con las consecuencias de la crisis de 2008”.

¿EN CUÁNTO DEBERÍA AUMENTAR EL SMI?

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunciaba la intención de su departamento de poner sobre la mesa la subida a los 1.000 euros. La CEOE no veía que se estuviera en el momento para subidas sino de afrontar las consecuencias de la pandemia. Díaz declaraba que “nadie entendería que se subieran las pensiones y salarios de funcionarios un 0.9% y no el SMI”. La ministra justificó esta postura en base a los anuncios de aumentos en países de la UE. Aparte, Díaz señalaba que los convenios colectivos estaban revalorizándose entre el 1,5% y el 1,8%, por eso “no sería comprensible” a falta de aumento salarial en trabajadores fuera de convenio.

Desde a CEP, Jorge Cebreiros apunta que “si las circunstancias fueran las normales podríamos estar firmando subidas del 1,5% o 2,5%, subir ahora a un mínimo no es el problema”. Junto a esto, Cebreiros no ve ningún problema en ir subiendo a un mínimo, “pero para eso están los convenios y la mesa de diálogo social, para llegar a un acuerdo e indexar otros puntos al SMI”.

Por su parte la CIG apunta a la Carta Social Europea, que declara un salario mínimo como el equivalente al 60% del salario medio de un país. De esta manera, según los datos que ofrece este sindicato, el salario medio en España estaría en 1.917 euros segundo el INE. El SMI, según estos cálculos estaría en 1.150 euros.

UGT Galicia también coincide con esta cifra del 60% del salario medio. Sobre la negativa actual al incremento del SMI por parte de algunos sectores, tendría su relación “con el reparto de la pobreza que pretenden algunos” marca García, porque “mientras las rentas del capital crecen sobre el 3,8%, la renta de la clase trabajadora cayó sobre un 11.8% dentro del PIB”.

Sin aportar una cifra concreta, Ricardo Castro no ve impedimento alguno para no aumentar los salarios mínimos dentro de unos presupuestos que destinan “dinero para defensa y seguridad, educación concertada o sanidad privatizada, para esos elementos non debería haber dinero público, pero lo hay”.

AUMENTO DEL SALARIO Y AUMENTO DE PRECIOS

La caída de la renta de la clase trabajadora implica la falta de poder adquisitivo, por tanto no afrontar subidas de los precios. Jorge Cebreiros cree que para una negociación sobre aumentos salariales debería indexarse el IPC. “Las administraciones no indexan precios porque no figuran en los convenios firmados. La administración no observa los incrementos de precios desde su posición”. El incremento de los costes de producción sería otro punto argumentado por los empresarios para pedir la congelación del SMI actual.

“El mayor coste que soportan las empresas son los costes energéticos” que sube cada año “y no veo yo una huelga o protesta generalizada cuando hay subida de los costes financieros” apunta Maica Bouza. “El incremento salarial no tiene porque llevar aparejado un incremento general de los precios de servicios básicos”. En concordancia con esto último, el economista Pedro Rey señala que “desde el inicio de la crisis es que a pesar de los altos índices de inflación” los precios “siguen sin subir”. Rey señala además que “lo que faltan son rentas suficientes para comprar lo que produce la UE internamente”.

“Si tenemos subidas de precios en productos de primera necesidad es porque lo permite el mercado” dice Ricardo Castro. Para el secretario general de la CUT, los precios también se pueden regular desde el Gobierno, “como puede hacerlo con las tarifas eléctricas y aun así son políticas que no quiere hacer”.

La subida del SMI en Galicia afectaría, según CCOO a unos 100.000 trabajadores dentro de un total de 900.000 personas activas en el mercado laboral gallego. Esto quiere decir que 800.000 personas estarían supeditadas a subidas ligadas a los convenios sectoriales y de empresa. Los incrementos ligados a convenios de empresa en la negociación colectiva es superior al 1%. Las personas sujetas a un SMI están, por ahora, pendientes de una subida del 0,9%.