El encuentro # ConectaCEP celebrado por la Confederación de Empresarios de Pontevedra fue la plataforma que usó Feijóo para anunciar nuevas medidas para incentivar el tejido empresarial gallego para después del estado de alarma. Entre las medidas estaba la aprobación para este mes de noviembre de la Ley de Reactivación que, entre otras cosas, permitirá agilizar trámites para las empresas dentro de la administración autonómica. Sectores políticos, medioambientales y sociales temen que esta ley busque impedir el acceso a la ciudadanía a expedientes que supongan la alteración de hábitats, reapertura de explotaciones mineras, proliferación de escombreras y otras iniciativas que pudieran modificar ecosistemas o cambios dentro de tejidos productivos.

AGILIZACIÓN BUROCRÁTICA

Núñez Feijóo hacía su anuncio ante un público idóneo, empresarios de la provincia de Pontevedra. El presidente de la Xunta describía la necesidad de que las empresas no tengan retrasos administrativos para su puesta en marcha o solicitar cambios. Entre otros puntos, la Xunta quiere transformarse en la administración más ágil «de los últimos 40 años», según el propio Feijóo. Eso significa la eliminación de solapamientos innecesarios, duplicidades legales y admnistrativas y captación de proyectos.

Entre colectivos ambientalistas y asociaciones vecinales contrarias a proyectos mineros y de creación de escombreras, existe el temor a que esta nueva ley permita la eliminación del derecho al acceso a documentación pública sobre iniciativas como las señaladas. “De momento solo tenemos un anuncio, mas claro está que cuándo hablan de simplificación, esto nos pone en alerta” dice Martín Seco del PSdeG.

El parlamentario del BNG, Ramón Fernández, estima que desde el PP se “cree que con agilización burocrática va a mejorar la situación económica y eso es falso”. El parlamentario nacionalista considera el anuncio de Feijóo “redundante cuando ya hubo dos leyes anteriores muy semejantes que fracasaron y además, asume que no hay recursos suficientes desde la administración autonómica”.

“Es un globo sonda de los que lanza el PP que después se puede concretar de otra manera” dice Fines Eirexas de ADEGA. “La reducción de trámites y evitar la participación pública es algo que viene desde hace tiempo”. Mela Abella, secretaria general de Verdegaia, apunta al contexto actual de la pandemia para que Feijóo priorice “los beneficios de las grandes corporaciones en vez de centrarse en problemas como la sanidad o la educación”.

ACCESO A LA INFORMACIÓN

Los colectivos ambientalistas y ecologistas ven la ley de reactivación como una nueva “ley de depredación”, tal como se conoce la Ley de Fomento de la Implantación de las Iniciativas Empresariales en Galicia. Ya se había denunciado que con esta norma, los derechos de acceso público a informes quedaban restringidos y convertía los pasos administrativos en “trámites express”.

“Se reclamamos información a un organismo de la Xunta, pasa el tiempo y tenemos que reclamar a un organismo superior y cuando no, a Europa” dice Abella. “La simplificación de trámites acaba por perjudicar a propietarios y propietarias de terrenos” dice Martín Seco. El perjuicio para propietarios son los contratos o acuerdos con las empresas interesadas nos terrenos, “que pueden ser malos acuerdos” ante el bajo precio pagado por la empresa frente a los rendimientos que tiene por su explotación.

“Pedimos ver el plan de labores, no nos dejaron ni le dejan al Ayuntamiento” dice Norma Pillado, de la Plataforma Casalonga Limpia de Residuos. El plan de labores contempla las acciones que en este caso la empresa Toysal llevaría adelante para una “restauración” de la canteita de Casalonga, en el Ayuntamiento de Teo. La empresa y la Dirección General de Energía y Minas no responden a la petición de acceso, por lo que muchas y muchos vecinos de la zona creen que “no hay tal plan de labores”.

Ecologistas en Acción señala un dato sobre las empresas mineras. La manera de operar es mediante “sociedades pantalla”, normalmente S.L., habiendo detrás de ellas una gran empresa. En caso de desastre a S.L. se haría cargo, pero como existe la posibilidad de declararse insolvente no puede hacer frente y la administración es quien recoge las consecuencias.

Las sociedades pantalla “ya se dejaron ver en la crisis financiera del 2008 cuando muchos y muchas trabajadoras tuvieron que cobrar de FOGASA porque no había dinero en las empresas” dice Ramón Fernández. La creación de las sociedades pantalla salvaría a las grandes empresas que hay detrás. “Desde la UE piden inversión verde, para eso es necesaria inversión I + D, y Galicia está por debajo del promedio del Estado”.

El gran temor de muchas organizaciones y de particulares es que, si se materializa la ley que anunció Feijóo el día 2 de noviembre, las empresas tendrán “barra libre” para llevar adelante proyectos que, para ambientalistas, políticos de la oposición y ecologistas, serían esquilmadores. Por otra parte, temen a la falta de transparencia por parte de la administración, con el impedimento de acceder a la información pública mediante maniobras legales y administrativas. Por último, convertir espacios ahora abandonados, como canteras en escombreras o reactivar explotaciones mineras.