Los vecinos del lugar de Corexo, en la parroquia santiaguesa de Marrozos, se opusieron al proyecto de una planta de tratamiento de residuos que se instalaría en terreno agrario protegido. Los motivos de la protesta eran el menoscabo en la calidad de vida para las cincuenta familias que viven en el lugar, la contaminación que acompaña a este tipo de instalaciones y la circulación de vehículos pesados sin las infraestructuras necesarias. Aparte de esto, otro temor era que este lugar acabara siendo el depósito de todo tipo de residuos como desechos de obra y basura procedente de instalaciones hospitalarias. Ante esta perspectiva, el vecindario hizo frente común denunciando la interpretación parcial e interesada de la Ley del Suelo de 2002, “que prácticamente dice que todo suelo rústico es edificable”.

¿DE DÓNDE VINO LA IDEA?

La empresa COMUCA S.L. es una empresa de construcción que ha vendido material a los vecinos y vecinas de la zona desde hace años. Desde la Asociación Veciñal de Marrozos creen que la empresa no midió bien las consecuencias que esta acción podría tener entre el vecindario, entre las consencuencias están la pérdida de valor inmobiliario y la capacidad de movilización de la gente. “También está la ley del suelo de 2016 que permite, mismo en terrenos rurales protegidos por los PGOM, la construcción de infraestructuras como escombreras” dicen desde la Asociación de Vecinos.

El suelo rústico o rural normalmente es barato, así pues colocar una escombrera “es un negocio que mueve mucho dinero”. “Estamos hablando de terrenos agrícolas que aún siguen siendo explotados con cultivos de maíz”. COMUCA compró la finca para colocar las instalaciones, de momento no se sabe si la finca continuará bajo su propiedad o si será vendida a un tercero, esto siempre que ese tercero tenga intención de llevar adelante actividades agrarias.

“COMUCA es una empresa familiar que solicitó el desestimento del proyecto delante del Ayuntamiento de Santiago y de la Xunta de Galicia” señala la Asociación de Vecinos. “Nosotros ya lo hemos dejado, es un asunto que no siguió adelante y por tanto para nosotros ya se acabó” dicen desde COMUCA.

MOVILIZACIÓN VECINAL

Las movilizaciones vecinales contra vertederos están cuestionando las prácticas permitidas desde la administración autonómica. Después de experiencias como Casalonga, Touro, San Finx, Miramontes y otros lugares, la concienciación contra la apertura de espacios de almacenamiento de residuos parece ir en aumento. Desde la Asociación Vecinal de Marrozos, cuando supieron cuál sería el uso que se le iba a dar a los terrenos “dijimos que esto era intolerable y contactamos con otras personas y organizaciones y a partir de ahí formamos una asociación”.

La asociación tenía dos objetivos. El primero, eviar que en Corexo se implantaran unas instalaciones de tratamiento de basura, y después de que se paralizara el proyecto, “elevar a debate público la oportunidad de modificar la ley del suelo, en concreto, modificar el artículo 35 por su deficiente redacción, pues está provocando un nivel de conflictividad muy alto”. Dicha conflictividad según la Asociación de Vecinos aparece como empresarios relacionados con el tratamiento de residuos que pueden comprar terrenos agrarios baratos y por otra parte, eleva la sensación de inseguridad y desprotección entre las personas del medio rural.

“El proyecto afectaría también a una mina de agua dentro de una parcela con una alta productividad agraria” señala la Asociación de Vecinos. Además, afectaría de manera directa “a la reserva de suelo agrario la una ciudad como Santiago que es absurdo destruir”. Por otra parte, también se crearía una dinámica “perversa” porque “dónde se instale una actividad de este tipo, el impacto sobre los inmuebles que están a su alrededor es muy negativo” porque resta valor al terreno y solo las empresas de residuos estarían interesados en instalarse.

CONTACTOS Y ESTRATEGIAS

La movilización vecinal no solo consistió en mostrar el desacuerdo con el proyecto mediante conentraciones. Se hicieron contactos con los partidos políticos de la corporación municipal y con las concejalías de Urbanismo, encabezada por Mercedes Rosón y la de Política Social dirigida por Mila Castro. Por otro lado, la concejal de Compostela Aberta, Marta Lois y la del BNG, Goretti Sanmartín, también transmitieron el apoyo al vecindario contrario al vertedero.

No obstante, los puntos fuerza que usaron los vecinos con la intención de paralizar las intenciones de COMUCA fueron dos, apelar a la responsabilidad social corporativa de la empresa. “Esa política no puede impactar de manera negativa sobre el entorno social y medioambiental”. La otra razón de peso era a cuenta de resultados que depende del dinero y del tiempo que se quiera invertir. “Le fijemos ver que la cuenta de resultados le iba a salir muy elevada porque la íbamos a judicializar”.

Estos dos puntos tuvieron el efecto esperado por los vecinos. “La empresa nos comunicó antes que a ningún otro, su desestimento, tuvieron en cuenta que no había interés en ponerse contra quienes eran la mayoría de sus clientes”. Con todo, surge la pregunta de por qué montar una planta de tratamiento de residuos cuando cerca de este lugar está el vertedero de Miramontes. “Creemos que eso es un error de cálculo por parte de la empresa, porque tenían expectativas elevadas debido a su interpretación de la Ley del Suelo”.

El desestimento de la empresa fue una victoria para los vecinos de Marrozos que con esta acción demostraron la “parcialidad” de una ley del suelo que, prácticamente, considera el suelo rural como una gran parcela, gracias a la ambigüedad del texto y sobre todo del artículo 35 del mismo. La cuestión final es que si no hay un cambio legislativo, la conflictividad entre empresarios de la basura y población puede ir escalando como ha estado sucediendo durante estos cuatro últimos años.