La pandemia de la Covid-19 trajo a las tres universidades gallegas – USC, UdC y UVigo – la primera huelga telemática de su historia. Fue el sindicato estudiantil Anega quien la convocó el pasado 16 de abril para reclamar el fin del curso frente a la imposibilidad de garantizar la igualdad de oportunidades entre el alumnado y debido a la discriminación que supone para muchos, por cuestiones tecnológicas, sociales, psicológicas o económicas, no poder seguir el hilo de las materias. Desde ese día, quien secunda la protesta no participa en las aulas virtuales ni hace entrega de trabajos.

«Si los rectores no paran el curso, lo paramos nosotros», instan desde Anega. Si bien ni los convocantes ni los rectorados manejan datos de seguimiento de esta huelga, las protestas están prendiendo con fuerza en todas las facultades gallegas. El estudiantado denuncia las decenas de exámenes en pocas semanas y la elevada exigencia de las universidades en plena pandemia. La gestión académica por parte de rectorados y decanatos no convence, pero el alumnado tampoco se está enfrentando a algo nuevo. «Este es un paso más de una lucha larga que seguiremos dando, y que llevamos tiempo dando por una universidad pública, democrática, crítica y en la que todas y todos podamos mejorar nuestra condición cívica», afirma Pablo Calviño, estudiante de la Facultad de Ciencias da Comunicación en la USC.

«SIN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES»

Son muchos los problemas que se vienen presentando desde que finalizó el curso de manera presencial. El estudiantado habla de falta de organización y de buena comunicación, de falta de recursos telemáticos, de sobrecarga de trabajo o del mantenimiento de los exámenes y de los criterios de evaluación sin tener en cuenta los cambios que la pandemia pudo provocar en las condiciones de cada estudiante. «Desde el comienzo demandábamos que la USC tuviera en cuenta un hecho fundamental», relata Calviño desde la Asamblea de la Facultad, «que a partir del 13 de marzo no se podía evaluar de la manera en que se venía haciendo hasta ese momento; no se podía fingir que todo seguía igual».

Una de las reivindicaciones comunes a todo el estudiantado va por ese mismo camino. Concuerdan en el discurso en que no se están contemplando las realidades diversas de muchos compañeros y compañeras, algunas sin acceso a conexiones y a recursos tecnológicos, otras atravesando situaciones difíciles en términos de salud física y mental o en términos de relaciones y convivencias complejas que se generan en las casas… Las situaciones son muy dispares y ninguna de ellas reúne las circunstancias óptimas para finalizar el curso con normalidad. «No hay garantías de que todo el alumnado pueda evaluarse en condiciones de igualdad; se está primando que me los sea máquinas en vez de personas a las que les afecta esta situación«, habla Adrián Souto, miembro de Anega y estudiante del Mestrado en Ingeniería Informática de la UVigo.

El caso de Lucía, una estudiante de Enfermería de la Universidad de A Coruña, es representativo: «Yo tenía la intención de seguir la huelga, pero los profesores tomaron decisiones sin tener en cuenta esta protesta y siguieron dando clases, por lo que tengo que asistir a las aulas virtuales y enterarme de los trabajos se quiero aprobar», denuncia. Con el agravante, además, de que desde su aldea encuentra «problemas para seguir el hilo de las clases». «Antes las dejaban grabadas, pero ahora ya no lo hacen, y entonces muchas no las puedo ver. Es habitual que se corte la conexión o que el programa no responda, muchas veces se queda colgado». A pesar de esto, de las tres materias en las que está matriculada, deberá realizar prueba de modo telemático en todas ellas.

EVALUACIÓN «FLEXIBLE»

Las universidades gallegas apostaron en sus Consejos de Gobierno por concluir el curso en las fechas previstas y por mantener los períodos de evaluación previstos, pero apostando, eso sí, por una evaluación «flexible», de manera que se primara la evaluación continua sobre la realización de los exámenes. Con todo, la realidad dista en ciertos casos de lo acordado en esos consejos. Bajo el paraguas de la libertad de cátedra, buena parte del profesorado mantiene las pruebas en pie. Desde la Asociación de Estudiantes de Económicas y Empresariales trasladan que, aparte de aquellos «caídos en combade y de los que nada se sabe», otros muchos profesores cambiaron su parecer a lo largo de estas semanas: «La posición era compartida al inicio, pero luego nos encontramos con que gran parte de ellos dieron un cambio drástico de opinión y optaron por hacer exámenes».

Dicen sentirse «indefensos» frente esta situación «extraordinaria» en la que, además, recibieron abundantes correos en los que parte del profesorado alertaba de que la asistencia a las clases se iba a contar notablemente en la nota final. Otras alumnas de la UdC denuncian también un «endurecimiento de los criterios de corrección de los exámenes». «Nos dicen que nos harán tests más complicados y que nos dejarán menos tiempo para dificultarnos la posibilidad de copiar. Me parece increíble», denuncia. Por parte de la Asamblea Abierta de Medicina (USC) también critican que «son únicamente dos materias en todo el grado de Medicina las que optaron por no realizar el examen final». Se suma a esto la queja de que la plataforma empleada no soporta la programación de pruebas para un gran número de alumnos.

Por eso, parte del estudiantado gallego exige que las materias sean evaluadas a través de trabajos y no de exámenes. «Es como realmente aprendemos», dice la estudiante de la UdC. A otra buena parte del alumnado tampoco le convence esta otra opción. «La solución propuesta sigue sin superar las desigualdades que hay actualemente, que también alcanza a muchos profesores que no tienen medios de conexión decentes», afirma Adrián Souto, de Anega. «Nosotros pedimos que se finalice el curso, que no haya nada evaluable a partir del 13 de marzo y que la superación de las materias no cuente para promedio; no pedimos un aprobado general». ¿Qué hacer, entonces, con esos contenidos que no pudieron darse? «Reclamamos que los contenidos esenciales se impartan en cursos extra o se adapten al calendario académico del próximo curso; y que los no esenciales sean proprocionados de forma gratuita al alumnado para que nosotros mismos podamos acceder».

Otra de las reivindicaciones es la devolución de las tasas. «Estamos recibiendo educación telemática que no se asemeja ni en parte a la presencial; y además, esta situación derivada de la pandemia afecta mucho a nuestra economía», añade Souto.

UNA CUESTIÓN DE FONDO

«Hay una cuestión que está de fondo de todo esto y que muchos profesores también lo tienen en cuenta: esta crisis los enfrentan al modelo de universidad que queremos«. Pablo Calviño, estudiante del Doble Grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual, entiende estas reivindicaciones actuales, de este momento concreto, como un «paso más de una larga lucha por una universidad pública, democrática y crítica». «Hace falta poner en valor a universidad como centro de encuentro para aumentar el conocimiento, más que como una mera institución para obtener un título», añade.

Por eso mismo, «los docentes no pueden ser bustoparlantes en una plataforma». «No luchamos tanto por una medida u otra, sino por una visión de la universidad que se centre en lo que debe ser: un centro en el que todas y todos podamos mejorar nuestra condición cívica accediendo a un enseñanza crítica. En este contexto tocó defender una postura, pero esa es la lucha que vale la pena resaltar. Este es un paso más en ese camino largo que a ver a dónde nos lleva!».

[En la segunda parte de este reportaje, Galicia Confidencial dará voz a la otra parte de esta realidad: el profesorado].