Inspectores de Trabajo y Seguridad Social es el nombre con el que se conocía a este colectivo de funcionarios hasta 2019. El pacto PSOE- UP dividió un departamento, el de Trabajo y Seguridad Social, en dos distintos, el de Trabajo con Yolanda Díaz como ministra y el segundo departamento denominado de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con José Luis Escrivá en la dirección. La separación no resulta cómoda para quien vela por el cumplimiento de las leyes en materia laboral y de Seguridad Social. Por otra parte, a partir de 2007 comenzaron una serie de externalizaciones dentro de la Seguridad Social que recayeron en empresas muchas veces desconocedoras del ámbito en que entraban.

SEPARACIÓN

La Tesorería de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo son dos entidades jurídicas separadas. Esto no impedía que los y las inspectoras de trabajo realizaran sus tareas conjugando las dos áreas. “Aun así, no dejaban de estar unidas dentro de un mismo departamento” señala Mercedes Fernández de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo ( UIPT).

La división en dos ministerios trajo una necesidad de crear mecanismos de coordinación “más sólidos y potentes” que los existentes. La falta de coordinación puede crear situaciones contradictorias sobre una misma cuestión, esto impediría una solución rápida e idónea.

“No nos explicaron por que llevaron adelante esta división en dos ministerios, creo que obedece a decisiones políticas sobre las que los órganos técnicos poco podemos decir” apunta Fernández. Esa decisión “política” según los técnicos de inspección puede crear confusión entre los trabajadores cuando ven separadas las perspectivas laboral y de Seguridad Social. La separación de perspectivas se puede suplir con la dinámica ya adquirida después de años de experiencia, pues la mayoría de los trabajadores de los organismos públicos son funcionarios con una experiencia laboral establecida.

EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS

En 2007 se inició un proceso de externalización que afectó a la gestión de las bases de datos. Estas bases son la clave para llevar adelante futuras labores de inspeccion. La primera cuestión polémica que presentaba la llegada de unas empresas ajenas al trabajo con información de la Seguridad Social, era el acceso que tenían a la información recogida por los organismos públicos sobre la vida laboral de las personas y de empresas.

Además del primero, los y las trabajadoras de las empresas contratadas tienen que hacer sus tareas de planificación pidiendo información a los propios funcionarios, “cosa que no es muy coherente”. El punto álgido llegó cuando los y las funcionarias contestaron unas encuestas para que las empresas externas supieran cómo hacer su trabajo y cómo trabajaban los y las trabajadoras públicas.

A esto se le debe sumar “un déficit en personal informático para gestionar y extraer todos los datos e información desde la Administración” dice Fernández. Es decir, la externalización fue una vía para no aumentar el número de personal funcionario público.

¿Y qué sucede con la información guardada en los archivos de la Seguridad Social? ¿No es un riesgo que empresas privadas puedan acceder a tanta información? Mercedes Fernández contesta que “desconozco como actúan, porque los pliegos son muy genéricos, supongo que estarán sometidos a sigilo y confidencialidad como estamos sometidos todos los funcionarios públicos”. Lo que no descartan los trabajadores públicos son intereses empresariales detrás de estas operaciones.

¿Llegará el momento en que no haya funcionarios públicos para estas tareas? “No creo que el Estado permita que se deje de hacer oposiciones a inspector de trabajo, tal como dicen los convenios de la OIT”. Desde la normativa nacional e internacional es posible que no se permita una situación así “porque es un servicio público”. Todo este panorama tendría una posible solución con la creación de un organismo de coordinación dentro del servicio estatal de inspección de trabajo y Seguridad Social, “que ya tenía que estar constituido”.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social continuará adelante, mas con una duplicidad que, como los mismos inspectores dicen, puede hacer perder la perspectiva al conjunto de trabajadores y trabajadoras. La coordinación viene siendo una necesidad imperiosa para la inspección laboral en caso de querer desarrollar una labor óptima. Por otra parte, las externalizaciones de determinadas áreas, incluyendo bases de datos laborales, podría poner en riesgo la privacidad y confidencialidad necesarias en este terreno de la función pública.

Para este reportaje se contactó también con el Sindicato de Trabajadores de Inpección y Seguridad Social, mas no se tuvo respuesta.