Ocho entidades que trabajan por la normalización de lenguas minorizadas en el Estado mostraron este martes en un acto conjunto en Madrid su preocupación por los mensajes que están difundiendo algunos partidos políticos y «por la mayor vulneración de los derechos lingüísticos que sufrirían los hablantes de lenguas minorizadas en el caso de estos partidos llegar al poder» y le reclamaron al gobierno español y al resto de los agentes políticos «compromisos concretos» que garanticen los derechos lingüísticos de la ciudadanía.

Fue en la firma de un manifiesto en la que participaron Marcos Maceira, presidente de la Mesa pola Normalización Lingüística; Paul Bilbao Sarria, de Kontseilua (Euskal Herria); David Minoves, de Ciemen y Francesc Marco, de Plataforma per lana Llengua (Cataluña); y Eva Terol, de Acción Cultural del País Valenciá (País Valenciá) presentaron ante los medios de comunicación las cuatro premisas y los seis compromisos consensuados con otras entidades del Estado como Ómnium Cultural, Nogará (Aragón) e Iniciativa pel Asturianu (Asturias) y recogidos en el documento colectivo Igualdad lingüística: Libertad, pluralidad y democracia con el objetivo de que los partidos políticos los tomen en consideración a cara descubierta a la próxima legislatura.

«IMPOSICIÓN DEL ESPAÑOL»

«Hoy en día», afirmó Paul Bilbao, «el castellano y las lenguas minorizadas están en desequilibrio». «Para conseguir la igualdad, la libertad y la democracia», añadió Francesc Marco, «es necesario -entre otras cosas- reconocer los mismos derechos y deber, contratar personal capacitado en las lenguas minorizadas; normalizar el uso de las lenguas minorizadas en la administración de justicia o dar fin a la imposición a través de la ley que se hace del castellano».

«La imposición que existe de la lengua española», aseguró Eva Terol, «repercute, por ejemplo, en la imposibilidad de hacer trámites obligatorios como pagar impuestos, multas o la seguridad social en una lengua diferente del español o el no de bolsas y ayudas con documentos presentados en lengua no española». «Tal y como señaló varias veces el Comité de Ministros del Consejo de Europa», recordó Marcos Maceira, «hoy en día es preciso mudar la legislación del poder judicial para garantizar realmente el derecho a la defensa de los y de las hablantes de las lenguas minorizadas». «Las discriminaciones lingüísticas en el Estado español en pleno siglo XXI aun se publican en el BOE«, recordó Maceira.

Además, estas entidades mostraron su deseo de que el Congreso y el Gobierno que surjan de los próximos comicios del día 10 serán determinantes para garantizar que toda la ciudadanía pueda vivir realmente en la lengua propia de su territorio. «Creemos que ante la junto a de amenazas que vivimos debemos crear un dique de contención que blinde el derecho a vivir en nuestras lenguas», afirmó David Minoves, «y para eso hace faltan compromisos concretos y venir a Madrid es la manera más directa de hacer el llamado a la acción de las fuerzas políticas del conjunto Estado».

Las entidades adelantaron que enviarán una copia del documento a los partidos políticos para se posicionaren públicamente con respeto a los compromisos solicitados. Además, una vez se constituya el Congreso de los Diputados, pedirán una reunión con el nuevo o con la nueva presidenta para explicarle la propuesta. «Los partidos políticos no pueden ser espectadores ante las amenazas que están realizando para poner en marcha medidas que imposibiliten el derecho vivir en nuestras lenguas. Es momento de mojarse» concluyó Minoves.