El Parque do Xurés ya sufrió uno de los primeros fuegos del año, un dato que pone el acento en una de las reivindicaciones sobre la política contraincendios de la Xunta, la prevención. Representantes de los y de las trabajadoras antiincendios reclaman una política activa que ayude a revertir o controlar la magnitud de los fuegos forestales que cada año es más potente. En base a esto, las mismas voces piden un cambio radical en las políticas de contratación, o bien que todo el personal trabaje doce meses al año o que alarguen los períodos de seis la nueve meses y de nueve la doce hasta tener todos los cuadros con un mismo patrón laboral. El trabajo durante todo el año tendría a los cuadros preparados para los meses de riesgo y el más importante, acabaría con la precariedad dentro del sector.
SEGURIDAD ANTE LA COVID
La campaña 2020 cogió a todo el cuadro contraincendios en medio de la pandemia por COVID. Ya se habían dado una serie de instrucciones preventivas. “Hoy en día tenemos material anti- COVID, aunque seguimos insistiendo en medidas como entrada y salida de turnos sin mezclarse, dejando desinfectado el lugar y material además de la creación de grupos burbuja en caso de contagio” dice Marcos Rodríguez de la UGT. Además, este servicio es considerado esencial y por tanto debería ser un colectivo ya vacunado contra el coronavirus. “Hoy por hoy no estamos vacunados y Sanidad no lo hará” dice Zeltia Burgos de la CIG.
Sobre este último punto, una carta del conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, señala que se vacunaron miembros de otros colectivos considerados prioritarios según la ley 5/2007 de 7 de mayo: emergencias supramunicipales y bomberos de consorcios municipales y supramunicipales. En la misma carta se señala que «este es el motivo por el cual no se consideraba al personal del SPIF como incluído en el grupo 6A de la estrategia Nacional de Vacunación».
En base a esto, estarían en riesgo «860 bomberos fijos de 12 meses, 619 bomberos fijos-discontinuos de 9 meses e casi 1.000 trabajadores de 6 meses, 90 Técnicos Forestales y 400 Agentes Forestales a los que hay que añadir los medios del Estado y de la Administración local» según las cifras aportadas por CCOO.
PERSONAL
En el párrafo anterior se describen algunhas de las categorías laborales entre el personal contraincendios del Servizo de Prevención de Incendios Forestales (SPIF) dependiente de la Xunta. Existe personal fijo que trabaja todo el año, después fijos discontinuos por nueve meses y trabajadores de seis meses, muchos fijos discontinuos. Los períodos para los fijos-discontinuos se han incrementado después de varios años de reivindicaciones, pasando de tres meses a seis unos y de seis meses a nueve otros. Aun así «lo ideal sería que todos fueran aumentando períodos hasta cubrir los 12 meses» señana Rodríguez.
En 2020 se produce un hecho ampliamente reivindicado desde años atrás. Los trabajadores de la sociedad de Servizos Agradios de Galicia (SEAGA), pasaron a formar parte de las listas de contratación de la Xunta para poder entrar en el SPIF reconociéndoseles su antigüedad como trabajadores de extinción y servicios forestales. La cuestión es que existe una importante cantidad de persoal sin estabilizar o consolidar su plaza dentro del servicio contraincendios autonómico. La solución, convocatoria de ofertas públicas de empleo.
Las diferencias señaladas en la tipolgía de contratación han hecho que los sindicatos pida la ampliación del tiempo de trabajo del personal de 9 a 12 meses y aquellos contratados por seis meses pasen a nueve. El motivo es que con «trabajadores vinculados solamente por seis meses de contratación, ni pueden vivir exclusivamente de ese trabajo ni se puede pretender organizar una plantilla profesionalizada» dic Emilio Doforno de CCOO. ¿Y qué sucede con la convocatoria de la OPE dentro de estos colectivos? «Están convocadas las oposiciones de libre acceso de 2016, pero no se han convocado para presonal con máis de tres años de experiencia» señala Marcos Rodríguez.
Esta situación crea una tasa de temporalidad dentro del colectivo entorno al 60%. Las fuerzas sindicales denuncia que para los trabajadores de seis meses la Xunta no tiene un plan de consolidación y que, además, están en fraude de ley como señalan desde CCOO. «La reestructuración que pretende llevar adelante la Xunta ha creado un conflicto laboral entre el personal técnico que estuvo en huelga en 2020» señala Zeltia Burgos. La estabilización de puestos de trabajo sería «un avance en la calidad del servici, pero la COVID ha dejado todo en el aire, paralizando procesos que se tendrían que haber resuelto hace ya 15 años».
FORMACIÓN POR INERCIA
«El actual SPIF se mueve por inercia, una inercia acumulada por años. A día de hoy no sabemos cuándo contratarán a los trabajadores de seis meses» dice Burgos, quien destaca además que «esa inercia hace que la formación del personal sea también inercial y que los planes de prevención por distrito estén sin renovar».
Marcos Rodríguez apunta que el actual método de formación «es de repaso y opr eso pedimos una formación reglada y específica para cada una de las categorías». Esta petición está relacionada a que con cursos de 12 horas no puedes hacer frente a incendios que duran 8 horas o más y la Administración comete un gran error en este punto». A esto se le debe sumar lo que señala Emilio Doforno, que actualmente «a los profesionaidoas del SPIF nos regula un convenio caducado desde el año 2008» y que por tanto, «debe existir una unificación de criterios en cuanto a cuestiones fundamentales que reflejen las responsabilidades o competencias actuales del servicio, de manera unificada en todo el territorio».
La preparación del capital humando dentro del SPIF, su formación, se hace mediante un sistema rutirnario que, para los sindicatos, no está formando debidamente a los cuadros de personal frente a la nueva tipología de incendios que arrasan los montes. Por otra parte, la no consolidación de puestos de trabajo crea altas tasas de precariedad laboral, un apartado que también influye en la formación del personal. Por último, está la media de edad que en algunos distritor puede superar los 55 años y por eso sería necesaria la incorporación de nuevo persoal mediante OPEs abiertas.