Las posturas contra la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) explotaron cuando en diversas ciudades del Estado, incluida a capital, salieron a la calle manifestaciones contrarias a la nueva norma. Denunciaban que se atacaba el derecho de los padres a escoger centro o que no se tiene en cuenta la demanda social sobre el currículo académico de los centros. Desde la Consellería de Educación destacan que el Gobierno no tuvo en cuenta a las CCAA para consensuar el texto e, insiste, se está coartando la libertad de elección de la concertada bajo criterios económicos.

MUCHAS POSICIONES, DOS POSTURAS

Las posiciones contrarias a la LOMLOE se basan principalmente en que se vulnera el derecho de los padres y madres a escoger el centro educativo y el tipo de educación para sus hijos. Consideran que la programación, la oferta educativa y de plazas no tiene en cuenta a demanda social, aquello que quieren las familias. “Si la educación no es cómo quieran los padres, el sistema educativo será aquel que indique el gobierno de turno” dicen desde la Federación Autonómica de Centros de Enseñanza que forma parte de la Confederación Española de Centros de Enseñanza ( CECE).

Escolas Católicas de Galicia remarca esta postura declarando que si «se apuesta por un modelo de educación único que es el público y solo tendremos una posibilidad, se elimina la posibilidad de elección. Nosotros pedimos la convivencia de las 2 redes, pública y concertada, como corresponde a una sociedad plural”.

Esto último parece estar en consonancia con la repuesta de la Consellería de Educación. Para el departamento de Román Rodríguez a LOMLOE pretende “imponer un modelo educativo, y no ofrece ninguna otra opción a quién no puede pagar un centro privado. Consideramos que esto es retrógrado”.

Desde Anpas Galegas, Fernando Lacaci señala que esta ley da unos pasos tímidos, como eliminar algunos refuerzos que tenían tanto la privada como la concertada. Sobre la libertad de elección de los padres, “la libertad de elección está garantizada en todo el Estado, hay numerosos artículos que garantizan la elección de centro”.

“Los cambios en el modelo educativo tienen que venir gracias al consenso y deberían ser realizados por especialistas coamo educadores, psicólogos, profesores, técnicos en definitiva” dice Bertila Fernández de Foanpas. “La diversidad social de la vida debe entrar en las aulas, el actual modelo no acompaña a la sociedad porque hay necesidades específicas”.

Antón Bermello de CIG-Ensino cree que las prisas de Celaá por modificar a LOMCE (la ley Wert), eliminar “puntos nocivos de la LOMCE, se podía derogar el más lesivo, pero la ministra quería una reforma limitada”. Una muestra de que la nueva ley educativa apenas supone avances según CIG-Enseñanza es “el concordato preconstitucional que mantiene la cadera de religión católica en centros públicos”.

Lois Pérez, del STEG, apunta también “luces y sombras” como son las ratios de alumnos por aula y profesor, “que deberían bajar por ley para mejorar la calidad educativa”. Por otra parte, Pérez cree que la ley olvida elementos como que en FP los profesores que imparten materias de secundaria y los que impartan materias técnicas (especialidades) puedan formar un cuerpo único de profesorado de FP.

Luz López de CCOO-Enseñanza señala que están “relativamente satisfechos” porque se eliminan partes lesivas de la LOMCE, “como retirar el concierto a los centros que segregan por sexo, quitan la demanda social para articular la escolarización del alumnado”. Sobre este punto López remarca que “¿los padres tienen derecho a escoger la educación y centro donde llevar sus hijos? Sí, pero no con el dinero que pagamos todos”.

La “eliminación” de la libre elección de centro y modelo educativo “es una falsa bandera de libertad porque la ley no persigue a nadie, solo busca un sistema educativo público” dice Felipe Balboa de UGT-Enseñanza. “Quien elija primeramente un centro para escolarizar a sus hijos tendrá derecho a escolarizarlos en ese centro, por tanto la libertad de elección no se cuestiona con la nueva ley».

¿CUESTIÓN DE IDEOLOGÍA?

Desde CECE apuntaban que la política educativa puede quedar en manos del gobierno de turno. ¿Pueden, entonces, los valores ideológicos teñir las leyes y los sistemas educativos en una democracia? “Hay una tensión económica porque detrás existe un negocio muy potente que mueve mucho dinero” dice Fernando Lacaci. Este negocio sería la creación de nuevos centros concertados cuando así lo faciliten las autoridades autonómicas.

“Los intereses de las empresas detrás de la educación concertada, la patronal de las concertadas y parte de los padres, no quieren que existan distritos educativos” dice Xesús Bermello. La eliminación de los distritos, apunta Bermello, ampliaría la clientela para la concertada.

Se vamos a una cuestión puramente educativa, Anpas Galegas señala que la parte formativa del centro izquierda sería una formación para la ciudadanía con métodos inclusivos. La derecha por su parte, cree en la formación para el trabajo, para dotar de herramientas a las personas que cree válidas para el mercado laboral.

Preguntados sobre la no computación de la materia de Religión para la ABAU y el currículo escolar y se se estaría discriminando a familias creyentes, Escolas Católicas de Galicia se remite al artículo 27.3 de la Constitución sobre el derecho a elegir la educación moral o religiosa. También recuerdan que “la materia de Religión no es una catequesis y que hay muchos padres y madres no creyentes que consideran que esta materia debe formar parte de la educación integral de sus hijos y hijas”.

DINERO

Uno de los elementos que también alimentaron las diferentes protestas contra a LOMCE y que en principio quiere corregir la nueva ley educativa, es el dinero que recibe la concertada desde las instituciones públicas. La Consellería de Educación responde que los centros concertados reciben un presupuesto en función del número de unidades concertadas que tienen, en base al módulo económico prefixado.

Indican además que “casi el 90% (del presupuesto que reciben las concertadas) está destinado a abonar las retribuciones del personal docente en régimen de pago delegado y del personal complementario en las unidades de educación especial”.

Otra de las polémicas con la concertada y que la ley Celaá quiere romper, es que padres y madres con hijos en centros concertados tengan que pagar cuotas aparte del dinero recibido de la Administración. Escolas Católicas responde a esto que la legislación actual prohíbe el cobro de cuotas obligatorias. La educación impartida en los colegios concertados es gratuita mas “los padres pueden contribuir, de forma totalmente voluntaria y sin contraprestación de ningún tipo, con aportaciones para colaborar con las entidades titulares”.

La LOMLOE nace con una profunda división entre dos posturas muy diferentes de entender la educación. Una basada en el mérito, capacidad y encaminada a darle respuesta al mercado laboral, sin profundizar en cuestiones de carácter social, y la otra basada en la creación de una sociedad inclusiva teniendo en cuenta la diversidad. Las dos posturas de momento parecen no querer llegar a un consenso a medio plazo.