La plataforma en defensa del centro de Salud de Touro anunciaba el pasado 13 de julio su disolución. Lo hacía un día después de la cuarta marioría absoluta de Núñez Feijóo, entendiendo que ante este resultado electoral la reivindicación del servicio de pediatría para el centro de salud local no tiene más recorrido. Algunas plataformas y sindicatos a favor de la sanidad pública entienden que las políticas de la Xunta sobre el sector seguirán incidiendo en temas como privatización, externalización y concertación. Ven muy difícil que la administración Feijóo dé marcha atrás en cuanto a aplicación de estas fórmulas, sin embargo, ven posible una movilización social en cuanto las condiciones de atención hacia ciudadanía se vean alteradas de manera negativa.
BARRA LIBRE PARA PRIVATIZAR
La política de Feijóo se caracterizó por la privatización de servicios que para el servicio de salud son importantes. Logística, historial electrónico o atención por llamada, además de la privatización de gestión de hospitales públicos o renovar conciertos como lo de Povisa. “La concertación creció un 40% en la última legislatura, la primaria está en situación de indixencia en personal y equipación” dice Manuel Martín de la Plataforma SOS Sanidad Pública en Galicia. “Lo primero que hizo Feijóo en 2009 fue anular el plan de mejora que suponía más de 1000 plazas para atención primaria y preveía 60 nuevos centros que en la práctica quedaron en siete”.
“El gobierno de Feijóo no tiene la sanidad pública entre sus objetivos” dice Aurora Magán de Enfermeiras Eventuais en Loita. El colectivo de las enfermeras eventuales está considerado cómo uno de los más precarizados dentro del SERGAS. “Entre 2012 y 2013 se había hablado de ponernos en una especie de ETT para nuestras contrataciones” Magán no descarta que la idea vuelva a estar sobre la mesa. Este posicionamiento hace que el sector de la enfermería tenga miedo por su futuro ante la máxima de Feijóo: “la privada es el modelo a seguir”.
“Enfrentarse a la maquinaria política del PP es muy difícil” analiza Eli Dosil del sindicato PROSAGAP. “Nuestras espectativas no son buenas luego del recorrido de estos últimos años, mas también creemos que Feijóo no concibe que la mitad de la población no está con él”. Desde PROSAGAP entienden que una mayor presión privatizadora en sanidad movilizaría a la población. “Es inconcebible pensar en que haya un cincuenta por ciento que quiera políticas que derriben el sistema público”.
PRECARIZACIÓN SANITARIA
Las limitaciones para la atención primaria, incluyendo los sistemas tecnológicos necesarios, impiden una buena atención a los enfermos, dicen desde SOS Sanidad Pública. “Hay centros de salud que tienen más de una semana de espera, ahora con la pandemia recurrieron a la atención por teléfono” dice Manuel Martín. La precarización de la atención primaria se tradujo según SOS Sanidad Pública en que “el 20% de personas tiene seguro en empresas privadas, el 30% recurre a urgencias por no tener repuesta rápida en atención primaria y con las listas de espera, hay una concertación del 40%”.
Enfermeras Eventuales en Lucha había hecho un trabajo de campo sobre la eventualidad en el sector de la enfermería. “Nuestros cálculos estimaban un 40% de eventualidad, en 2017 el Consello de Contas de Galicia había hecho también cálculos sobre el mismo tema y el resultado daba una cifra del 38,8%”. Así, se confirmaba un alto índice de eventualidad que se sumaba a lo que consideran actos de discriminación laboral. “Pedir una baja o un día de libre disposición después de 61 días de trabajo continuado no es posible, lo primero que te dicen es que eres una contratada y que no tienes derecho”.
Para Manuel Martín el problema sanitario es una cuestión política que “responde a una estrategia de defensa de un modelo donde se prima el negocio sobre la salud de las personas”. Si se le pregunta, ¿se está vulnerado el derecho a la sanidad pública universal? Martín no duda “sí”.
Y LLEGÓ LA COVID
Con la llegada de la pandemia por COVID-19 el sistema sanitario se vio en una situación totalmente desconocida. Eli Dosil estima que “si tienes un labor de gestión debes estar preparado”. Esto lo dice ante el rebrote del coronavirus en Galicia. “Ahora no sirve la disculpa de que los cogió con el pie cambiado, eso no dice mucho a su favor como gestores”.
Que Galicia no se hubiera visto tan afectada por la COVID en un primer momento, ¿fue debido a la política sanitaria de Feijóo? «No, fue por circunstancias como el aislamiento del país” responde Manuel Martín. “Si en medio de la campaña (electoral) hay un rebrote con la COVID puede considerarse un error de la administración”. También añade: “lo que hacen muchas organizaciones y gobiernos es ocultar información, no es ninguna novedad”.
¿Todo esto puede reflejarse en una acción judicial contra la administración gallega por su gestión sanitaria? “Creemos que es más factible la protesta de la población porque la vía judicial es muy lenta y no estamos seguros de ella” apunta Martín. Con todo, esperan que después de la cuarta mayoría de Feijóo “la población respalde el derecho a la salud y a la atención universal”. El problema “es que si la población no es consciente que mantener determinadas políticas puede significar retroceder en derechos”.
“Por ser personal estatutario solo podemos realizar reclamaciones personales” dice Aurora Magán. “Intentamos hacer fuerza, convencer a nuestras compañeras y compañeros que reclamen porque sino no hay límite para seguir precarizando”. Así que la solución para las enfermeras sería la actuación o denuncia individual frente los tribunales.
También ven difícil desde PROSAGAP la acción legal contra la actual política sanitaria, pues en el caso de la COVID-19, la administración podrá aducir que estaba delante de un imprevisto, pero en caso de rebrote no podría justificarse con el mismo argumento. “Ahí sí que tanto la justicia como la sociedad actuarían de manera más contundente” señala Dosil.
Para SOS Sanidad Pública no se puede usar la sanidad como herramienta política. “La sanidad es importante para la gente y por tanto podemos caer en la estrategia y el engaño como se hace con otros hechos políticos”. La conclusión es que es necesario una labor de explicación de cara a sociedad sobre lo que significa perder recursos y derechos en la sanidad pública, gratuita y universal.
