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Presos frente a la COVID-19, una doble condena

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La posibilidad de tener información de primera mano sobre las prisiones y lo que pasa dentro de ellas es difícil. Aunque las políticas de comunicación desde Instituciones Penitenciarias han mejorado, según explican algunos colectivos que representan los intereses de los y de las internas. En tal caso, los centros penitenciarios también tuvieron que llevar adelante políticas de aislamiento para impedir la entrada de la COVID-19 dentro de las cadenas.

CORTE DE COMUNICACIONES

La reacción de las autoridades penitenciarias en relación al estado de alarma fue la de cortar toda comunicación con el exterior. Esto implicaba que el régimen de visitas, los bis a bis y visitas de abogados quedaban cortadas hasta nueva orden. Solo podrían ir letrados en casos de fuerza mayor y motivos muy excepcionales. Con todo, las dificultades eran muy grandes.

En este sentido, desde el Observatorio de las Libertades Esculca, de Ourense, así como también por iniciativas individuales, se enviaron numerosas solicitudes para destacar que “muchas de las actuaciones durante el estado de alarma fueron muy extremas”.

Los movimientos estaban restringidos, “incluso cuando se fueron levantando poco a poco, había límites a las visitas de familias que viven en áreas que están en fase 1” dice Fernando Blanco, abogado y miembro de Esculca. Los movimientos por “causas de fuerza mayor” también estaban permitidos. La desescalada después del confinamiento traerá la reanudación de las visitas intercomunidade y interprovinciais, pero será de manera “muy lenta”.

LOS MÁS AFECTADOS

La división de los reclusos y de las reclusas por grados no influyó durante la aplicación de las medidas contra el coronavirus. El estado de alarma fue igualitario en ese sentido según Fernando Blanco. Sin embargo, hubo dos puntos que no tuvieron el peso suficiente al tomar decisiones relativas al confinamiento y aislamiento social de los presos y presas.

El primer punto fue que la Organización Mundial de la Salud considera la población carcelaria como muy vulnerable. En ese sentido se aplicaron medidas de excarcelación de población penitenciaria para reducir todo lo posible la irrupción de la COVID-19 dentro de las cadenas. España excarceló 3.000 presos, pero aún así, las condiciones de saturación no permitieron el distanciamiento social necesario para evitar contagios.

El segundo punto es que uno de los colectivos de presos que más sintieron la aplicación del estado de alarma fueron los clasificados en primer grado. Su régimen de aislamiento casi que total, hace más difícil su seguemento sanitario. Por otra parte, también están aquellas personas con la salud mental afectada. La incomunicación total puede agravar los estados de depresión, por ejemplo, por la falta de visitas, de actividades en el exterior y la falta de atención especializada.

UN MUNDO APARTE

“Un ejemplo de esas deficiencias fue la prisión de Teixeiro, donde la plaza de médico estuvo bacante”. La ausencia de datos sobre posibles brotes entre la población reclusa, además de la falta de tratamientos especializados y el consumo de drogas mezcladas con la medicación que habían podido estar tomando, son también puntos preocupantes de los que no se tiene información suficiente.

“La cadena es un mundo aparte, oscuro, quienes acceden son asociaciones de carácter asistencial, otro tipo de asociaciones actúan desde fuera” dice Fernando Blanco. Aun así el abogado declara que la conflictividad es escasa dentro de las cadenas, en contra del que puede parecer. Sí existen conflictos puntuales que muchas veces son sobredimensionados.

Durante el confinamiento hubo protestas entre la población reclusa de 3º grado por la suspensión de permisos que ya estaban acordados. “También existen huelgas de hambre individuales y rotatorias en protesta por las condiciones penitenciarias”. Muchos casos de violencia dentro de las prisiones “serían vistos en la calle como legítima defensa”. Para personas vinculadas con la observación de los derechos de las personas dentro de las cadenas, algunas estructuras del sistema penitenciario “son caldo de cultivo para conflictos”.

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