El Ayuntamiento de Sada ha celebrado la sentencia del Tribunal Supremo que pone fin al litigio por la propiedad del Pazo de Meirás — ubicado en este municipio coruñés — y que confirma definitivamente su titularidad pública. Ahora, insta a convertir el inmueble «en un verdadero espacio de memoria democrática».

«La resolución conocida este jueves cierra un largo proceso judicial y consolida la recuperación para el patrimonio público de un inmueble que nunca debió dejar de pertenecer a la ciudadanía», apunta en un comunicado.

En concreto, el fallo del Supremo confirma que el Pazo y sus fincas son propiedad del Estado, si bien mantiene el pronunciamento de la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña sobre la liquidación posesoria en favor de la familia Franco «al considerar que su posesión no fue de mala fe», frente al fallo, de 2020, dictado por el el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña que entendió que sí la hubo.

Sobre esta cuestión, el consistorio recuerda que «ya había advertido en su momento, mediante voto particular al dictamen de la Comisión de Expertos — presentado en junio de 2018 –, de la necesidad de fundamentar también la demanda del Estado en la posesión de mala fe».

«Este voto particular fue anterior a la presentación de la demanda de la Abogacía del Estado, que, finalmente, no incorporó esta argumentación», expone para apuntar que «de haberse formulado también esa pretensión del Ayuntamiento en la demanda, la liquidación posesoria final podría haber sido distinta».

En todo caso, añade que el Ayuntamiento de Sada, «cuando corresponda determinar el quantum de la liquidación posesoria, seguirá defendiendo que esta sea la más favorable posible para el interés público». «Con independencia del anterior, el esencial queda definitivamente confirmado: el Pazo de Meirás es patrimonio público», recalca.

«Una vez declarada firme la sentencia, debe procederse al cambio de titularidad registral — que a día de hoy aún figura a nombre de la familia Franco — para que el Estado pueda ejecutar las actuaciones necesarias que permitan la apertura completa del inmueble y su plena puesta al servicio de la ciudadanía», explica.

Asimismo, el consistorio «insta igualmente a la activación efectiva del protocolo interadministrativo entre Estado, Xunta y Ayuntamiento para convertir el Pazo en un verdadero espacio de memoria democrática, compatibilizado con el reconocimiento a la figura de Emilia Pardo Bazán y a su legado cultural».