La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, ha defendido que el Plan da Cultura Marítima de Galicia-Horizonte 2030 (Pcuma), realizado por la Consellería do Mar, y el Catálogo de bens de valor cultural do litoral de Galiza, de la Consellería de Medio Ambiente, son «instrumentos de diferente naturaleza».

Así lo ha señalado este martes en el Comisión de Pesca en respuesta a una pregunta del BNG sobre la existencia de dos censos diferentes y «descoordinados» sobre patrimonio del litoral gallego, lo que demuestra, según el BNG, la «falta de planificación» de la Xunta en la protección de la cultura marítima.

En este sentido, la diputada del BNG Rosa Pérez ha exigido a la Xunta que, independientemente del número de censos, defina «de una vez por todas» una «estrategia única, con presupuestos claros y medidas efectivas».

Ante esto, la directora xeral ha afirmado que «son dos instrumentos diferentes, elaborados desde marcos conceptuales, competenciales y finalidades radicalmente diferentes y con complementariedad planificada».

«La complejidad del litoral gallego, tanto por su extensión como por la diversidad de elementos culturales y naturales que alberga, requiere aproximaciones múltiples», ha remarcado la directora xeral.

En este sentido, ha asegurado que «la principal diferencia» radica en el carácter instrumental y normativo del catálogo, frente al estratégico, cultural e investigador del censo.

El censo del patrimonio marítimo de Galicia nace, ha indicado la directora xeral, como «una herramienta de investigación, documentación y conocimiento», cuyo objetivo principal es «localizar, describir, analizar y visibilizar» los bienes inmuebles vinculados históricamente a las actividades marítimas y a la cultura del mar.

En referencia a los usos administrativos del censo, la directora xeral ha detallado que sirve como herramienta de apoyo al conocimiento, investigación y gestión patrimonial.

En este sentido, ha apuntado que el censo del patrimonio marítimo situase en el contexto de elaboración del catálogo de bienes de valor cultural en la costa previsto en la ley del litoral de Galicia. «No hay colisión, hay complementariedad deliberada y expresa», ha zanjado.

APERTURA HATCHERY ILLA DE AROUSA

En otro orden de asuntos, la directora xeral también ha respondido a una pregunta del PSdeG sobre si la apertura del criadero de bivalvos de A Illa de Arousa sería beneficiosa para la recuperación de los bancos marisqueros y reforzaría al sector de la ría de Arousa.

Durante su intervención, la portavoz de marisqueo del PSdeG, Paloma Castro, ha criticado que el Ejecutivo gallego «tenga cerrado» los criaderos de semilla de bivalvos de A Illa «por desidia administrativa».

En este sentido, ha acusado al Gobierno gallego de gestionar «de espaldas» las cofradías y, tras 15 años de advertencias sobre la situación de la producción marisquera, «se sigue dependiendo de la compra de semillas a empresas privadas mientras los criaderos públicos siguen cerrados».

A renglón seguido, Castro ha detallado que los 366 millones de unidades de semilla compradas desde 2010 para toda Galicia representan 22 millones al año para toda la Comunidad gallega, cuando el Estado en un solo año compró 14 millones de unidades para la ría de O Burgo.

Ante esto, la directora xeral ha asegurado que el criadero de bivalvos del municipio pontevedrés de A Illa de Arousa tiene caducada la concesión estatal que, en su momento, «no fue renovada» por el Gobierno central.

Además, ha defendido el trabajo realizado por el Ejecutivo gallego a favor del sector del marisqueo con la activación de convenios de colaboración, la construcción del criadero de O Vicedo, así como las diferentes siembras de almeja.

La directora xeral ha indicado que para volver a activar la hatchery se requiere la regularización de la cesión de los terrenos comunales; la tramitación de una nueva concesión de dominio público marítimo terrestre; autorización de vertidos y estudio de evaluación de efectos ambientales; informe de compatibilidad con las estrategias marinas; así como la obtención del título habilitante para el ejercicio de la actividad, entre otros documentos.

Asimismo, la directora xeral ha instado a los socialistas gallegos a «usar su voz en Madrid» para que el Gobierno central «cumpla con sus obligaciones» con las mariscadoras y las exima del pago de cuotas a la Seguridad Social.