La conselleira de Política Social, Fabiola García, comparecerá el próximo martes en el pleno ordinario del Parlamento de Galicia, que reanudará sus sesiones tan solo dos días después de los comicios generales. En este contexto, igual que sucedió en pasadas ocasiones, es previsible que los discursos de los diferentes grupos estén cargados de referencias al resultado de la repetición electoral.

Con la intervención de Fabiola García, producto de un acuerdo entre todos los grupos y a petición propia, el Gobierno gallego informará a la Cámara de los «problemas que se encuentran» en el área de Política Social y sobre «cómo se intentan resolver», tal y como ha explicado el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, en la rueda de prensa posterior a la xunta de portavoces de este martes.

Además, la conselleira dará cuenta del acuerdo de la Xunta con la Fundación Amancio Ortega por el cual esta entidad asume el coste de la construcción de las residencias de las siete ciudades con un total de 90 millones de euros. Las obras están prevista que comiencen en el primer trimestre de 2020.

«Un ambicioso plan que ya el PP lo tenía previsto en su programa electoral y en el que la novedad es, precisamente, la actuación filantrópica de la Fundación Amancio Ortega», ha destacado Puy.

Frente a estos elogios, el portavoz del Grupo Mixto, Luís Villares, ha asegurado que la conselleira comparecerá «presionada y forzada por una petición unánime de toda la oposición» para «dar cuenta de la situación de las residencias de la tercera edad» en Galicia.

«Como saben, hay unas denuncias acuciantes en los últimos tiempos sobre precarización de las condiciones de trabajo, sobre saturación de la carga de trabajo (…) y por tanto es necesario atender a esa situación y resolverla», ha esgrimido.

En el campo de la política social, el portavoz del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha destacado que en la orden del día se incluirá una pregunta de su grupo para reclamar «medidas» para que «no vuelvan a ocurrir» las intoxicaciones en casi una decena de escuelas infantiles de la red pública gallega.

MODIFICAR LA LEY DE GOBIERNO

Por otra parte, la Cámara debatirá el próximo martes una iniciativa del Grupo Mixto para reformar la Ley del Gobierno de España, un texto que se enviará a las Cortes generales con el objetivo de establecer que un Ejecutivo estatal en funciones «pueda adoptar las decisiones oportunas para que el resto del régimen de financiación de las comunidades autónomas funcione con normalidad».

En palabras de Villares, es una «gran medida política» que buscará «poner al PSOE y al PP frente al espejo en materia de financiación autonómica en situación de interinidad», porque «el Estado de las autonomías no puede estar bloqueado porque el Gobierno esté en funciones, lo que cada vez es más frecuente».

ESTATUTO ELECTROINTENSIVO

Por parte del PPdeG, grupo que ostenta la mayoría absoluta en el hemiciclo, llevará una iniciativa para demandar a la Cámara que apoye la propuesta de estatuto de empresas electrointensivas elaborado por la Xunta para que el Ejecutivo central lo asuma «en su integridad».

«El objetivo es que estas empresas electrointensivas –como Alcoa– puedan competir en igualdad con el resto de las empresas europeas del sector, para lo que también precisan que se garantice un precio de la electricidad realmente competitivo fijado entre los 35 y los 40 euros por megavatio», ha explicado el portavoz popular.

El PSdeG, principal grupo de la oposición, incidirán en la transición energética demandando a la Administración gallega «un plan autonómico de descarbonización» a través de una moción contra la «crisis climática» que busque «una economía neutra de carbono para el 2030».

Además, Leiceaga ha avanzado una proposición no de ley para fomentar el «diálogo» entre la Xunta y los colectivos profesionales de la atención primaria sanitaria y otra para demandar «incentivos a la oferta de viviendas» con alquileres de larga duración.

COMÚN DA ESQUERDA

En otro orden de cosas, el viceportavoz parlamentario del Grupo Común da Esquerda Antón Sánchez ha avanzado una pregunta al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en la que el propio líder de Anova incidirá en «las políticas de exterminio que expulsan a la gente del medio rural».

Según el también portavoz nacional de Anova, Feijóo «se ríe de la gente de este país cuando habla de la legislatura del rural o de los impuestos cero». Y es que, a su modo de ver, el Gobierno gallego y el PP son «cómplice» de estas políticas «de exterminio» y que promueven un modelo productivo que produce «abandono y envejecimiento».

Antón Sánchez también ha destacado que el Grupo Común da Esquerda presentará iniciativas para «defender» servicios públicos como la sanidad y la educación «después de 10 años de precarización y debilitamiento».

BNG Y SANIDAD

Por último, el BNG llevará al pleno una propuesta para dotar a la comarca de O Deza (Pontevedra) de una nueva ambulancia medicalizada, a raíz de la muerte de un hombre a mediados de octubre en el municipio de Dozón después de que el vehículo sanitario tardase 46 minutos en llegar.

Y es que, tal y como ha explicado la viceportavoz parlamentaria del Bloque Montse Prado, en la nueva adjudicación del contrato de ambulancias «solo hay una», por mucho que Feijóo «en una huida hacia adelante diga que va a haber nuevas».

Sin salir del campo sanitario, los nacionalistas preguntarán en el próximo pleno «qué tiene pensado hacer» la Xunta ante «la gravísima situación de aplazamiento de 1.200 consultas de pediatría» en el Hospital de Ourense, algo que se debe a la «falta de recursos y la falta de personal» del Sergas, «por mucho que se intente dar una situación de normalidad».