El Pleno del Senado debatirá el próximo miércoles la toma en consideración de una proposición de ley de ERC para permitir que el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos puedan incurrir en déficit estructural en caso de catástrofes naturales, situaciones de emergencia o crisis económicas que perjudiquen «considerablemente» su situación financiera o la sostenibilidad económica social.

La propuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, parte de la modificación de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en concreto de los apartados 3 y 4 del artículo 11, instando asimismo a la obligación de presentar un plan de reequilibrio a medio plazo y, en el caso de las corporaciones locales, con la condición de tener un nivel de endeudamiento inferior al 110 % sobre los ingresos corrientes.

A través de la creación de un apartado 6 en el artículo 12 de la norma, ERC formula la posibilidad de que los ayuntamientos que en el ejercicio anterior presenten superávit presupuestario, cumplan con los objetivos de sostenibilidad financiera –esto es, de deuda pública y comercial– y cuenten con remanente de tesorería positivo puedan «efectuar gastos adicionales, por encima del límite de la regla de gasto», siempre que no tengan carácter estructural.

Con ello, el objetivo de la formación republicana es que el incremento del gasto quede limitado al cumplimiento propio de la estabilidad presupuestaria.

«PRIORIDAD» PARA EL PAGO DE LA DEUDA, EXCEPTO EN CASOS ESPECIALES

Por otro lado, Esquerra propone modificar los apartados 1, 2, 4 y 5 del artículo 12, de forma que las administraciones que presenten un nivel de endeudamiento por debajo del límite legal establecido queden excluidas de la obligación de destinar íntegramente el superávit a la reducción de la deuda pública.

En cualquier caso, el pago de intereses y del capital de la deuda pública de las administraciones «gozará de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto», exceptuando los años en los que haya ocurrido «una situación de emergencia fruto de catástrofes naturales» o «emergencias sanitarias», y, además, exceptuando a las administraciones que cumplan con los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

En los últimos meses, la limitación del uso del remanente de tesorería al pago de la deuda ha sido objeto de debate en la Cámara Alta, y también de acuerdo entre grupos parlamentarios de distinto signo político.

El pasado mes de octubre, el PP, que cuenta con mayoría absoluta en el Senado, y Esquerra apoyaron una moción de Junts que pedía, precisamente, que los ayuntamientos pudieran destinar el remanente de tesorería a proyectos de «utilidad» para la ciudadanía y dejaran de estar obligados por ley a amortizar su propia deuda.

El texto fue apoyado también por Compromís, Geroa Bai, Agrupación Herreña Independiente, Agrupación Socialista Gomera, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria, mientras que el PSOE la rechazó y el PNV, BNG y Más Madrid se abstuvieron.